Modificarán por decreto la Ley de Glaciares para beneficiar inversiones ¿Cuáles son los riesgos?
El Gobierno Nacional de La Libertad Avanza prepara un decreto para modificar la Ley de Glaciares, con el objetivo de reducir las restricciones ambientales en zonas periglaciares y facilitar inversiones mineras, petroleras e industriales. Esta Ley sancionada en 2010, protege reservas estratégicas de recursos hídricos, siendo Argentina el segundo país de América Latina con mayor cantidad y entre los 15 con más superficie glaciar del mundo.
Expertos del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) destacan que estos ecosistemas no solo abastecen de agua a millones de personas, sino que son reservorios críticos frente al cambio climático. La posible degradación de estas zonas, alertan, podría tener impactos irreversibles.
La reforma, en la que trabajan el Ministerio de Economía (encabezado por Luis Caputo) junto con la Secretaría de Energía (María Tettamanti), junto con la Secretaría de Energía (María Tettamanti), la Coordinación de Energía y Minería (Daniel González), y la Secretaría Legal y Técnica (María Ibarzabal), busca mover los límites de protección, permitiendo actividades en áreas que cumplan cuatro condiciones específicas: ser de roca o escombros activos, superar una hectárea de extensión, tener al menos dos años de antigüedad y estar registradas en el Inventario Nacional de Glaciares.
La medida es justificada con el argumento de brindar "seguridad jurídica" a inversiones en proyectos industriales y extractivos, ha reavivado tensiones con ambientalistas, quienes advierten sobre riesgos para ecosistemas montañosos clave en la regulación del clima y el abastecimiento de la población. Mendoza, la segunda provincia con más glaciares del país (1.230 km² y 4.172 cuerpos inventariados), debe prever cuál será el nivel de impacto que puede generar este cambio por los ínterese mineros sobre la cordillera.
El Gobierno plantea que mantendrá protecciones sobre glaciares y exigirá estudios de impacto ambiental a todos los proyectos productivos que pretendan instalarse en las nuevas zonas habilitadas para la actividad, desde distintos sectores que bregan por la protección de estas fuentes de agua dulce denuncian que la reforma prioriza intereses económicos sobre la sustentabilidad de la vida en el planeta.