Presión sindical en puerta: ATE llamó a un paro nacional contra la reforma laboral de Milei
El sindicato ATE, junto a gremios estatales y de empresas públicas, resolvió convocar a un paro nacional con movilización para el día en que el Senado trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La decisión se inscribe en un plan de lucha escalonado, que podría incluir medidas de fuerza anticipadas en los primeros días de febrero en aquellas provincias cuyos gobernadores acompañen la iniciativa oficial.
La definición surgió tras un encuentro gremial realizado en el Hotel Héctor Quagliaro, donde el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas avanzó en una estrategia de presión política y sindical frente al tratamiento legislativo del proyecto. En ese marco, ATE también busca sumar al sector más combativo de la CGT, iniciativa que será abordada en una reunión prevista en la sede de la UOM.
Desde la conducción del gremio estatal, el secretario general Rodolfo Aguiar planteó que la huelga general durante el debate parlamentario resulta una instancia clave, aunque advirtió que no debe tratarse de una acción aislada. Según expuso, el objetivo es activar la movilización antes de que la reforma ingrese formalmente al recinto, con acciones previas que refuercen el reclamo sindical.
En ese esquema, ATE puso el foco en el rol de los gobernadores, a quienes considera actores centrales para la aprobación de la iniciativa. La organización sindical señaló que los contactos entre el Ejecutivo nacional y las autoridades provinciales evidencian que el respaldo territorial resulta determinante para el avance del proyecto.
Desde el sector gremial advirtieron que la reforma laboral implica un retroceso en materia de derechos laborales, al tiempo que refuerza el poder de los empleadores y debilita los mecanismos de protección de los trabajadores. En ese sentido, remarcaron que el impacto del proyecto alcanzaría de manera transversal a distintos sectores del empleo público y privado.
Del encuentro participaron gremios judiciales, de salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, que coincidieron en avanzar de manera coordinada frente al tratamiento legislativo de la iniciativa.