Reforma laboral y ley penal juvenil: el oficialismo abre una semana clave en el Senado
El próximo martes comenzará la constitución de las comisiones en el Congreso para tratar, durante el período de sesiones extraordinarias, las dos iniciativas legislativas que impulsa el Gobierno nacional: el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad.
Luego de que el tratamiento de la reforma laboral fuera postergado el año pasado, el debate se iniciará finalmente en el Senado de la Nación y está previsto para el 11 de febrero. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) encara una etapa de negociaciones políticas con los bloques considerados dialoguistas, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), incluso después de los encuentros que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con gobernadores en los últimos meses.
Los ejes centrales del proyecto laboral apuntan a una revisión integral del marco laboral vigente. Entre los principales cambios se destacan la modificación del sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos, la reducción de contribuciones patronales para incentivar la contratación formal y la incorporación de la figura de Colaborador Independiente, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional.
La iniciativa también contempla la implementación de un Banco de Horas, un esquema de flexibilidad horaria que permite compensar excedentes de jornada en días posteriores, en lugar del pago de horas extras.
En contraposición, los sindicatos expresaron un rechazo contundente al proyecto, al considerar que la reforma no genera empleo y promueve una pérdida de derechos adquiridos. En paralelo, anunciaron movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes.
En cuanto a la Ley Penal Juvenil, el proyecto propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un régimen especial basado en medidas socioeducativas y penas alternativas. El texto elimina la reclusión perpetua para menores y fija un tope máximo de 20 años de condena.
No obstante, se prevé que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de adultos, con condenas que podrían alcanzar los 15 años o más, aunque sin cumplirlas en cárceles comunes.
Para delitos menores, con penas de hasta 3 años, o de hasta 10 años sin violencia grave, el proyecto prioriza un enfoque social y educativo, con herramientas como la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias, en reemplazo de la prisión efectiva.
Desde LLA sostienen que la iniciativa busca poner fin a la denominada “puerta giratoria” y avanzar en la condena de delitos cometidos por menores de 16 años que, según el oficialismo, actualmente permanecen en situación de impunidad bajo la ley vigente 22.278.