Sancionarán a funcionarios mendocinos que demoren en responder reclamos de los ciudadanos
La Legislatura de Mendoza aprobó por unanimidad dos leyes que modifican los Códigos Procesales Administrativo y Civil, con el objetivo de fortalecer la eficiencia del Estado y establecer sanciones a funcionarios que incurran en demoras al atender reclamos judiciales o administrativos de la ciudadanía.
Ambas iniciativas fueron impulsadas por el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, y buscan garantizar que las dependencias estatales den una respuesta oportuna a los planteos formales, evitando el silencio administrativo o retrasos injustificados.
Cambios normativos
Una de las leyes incorpora el nuevo artículo 38 bis al Código Procesal Administrativo (Ley 3918), el cual establece que la Suprema Corte de Justicia deberá admitir acciones judiciales por “denegación tácita”, es decir, cuando el Estado no responde a un trámite o reclamo dentro de los plazos establecidos.
En esos casos, se deberá identificar al funcionario responsable de la demora y se podrá ordenar al organismo correspondiente que evalúe sanciones disciplinarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9003.
Por otra parte, se modificó el artículo 219 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley 9001) para reforzar el uso del recurso de amparo por mora. La nueva redacción establece que, si un tribunal da lugar al amparo, los funcionarios o autoridades colegiadas responsables de la demora deberán asumir solidariamente las costas del proceso, sin perjuicio de la responsabilidad general del Estado como empleador.
También se exige que el informe que debe presentar el organismo en estos casos sea elaborado por el funcionario con competencia directa sobre el expediente, promoviendo una mayor responsabilidad individual.
Impacto económico
Según el informe anual de la Fiscalía de Estado, en lo que va de 2024 la Provincia abonó más de $6.915 millones por el cumplimiento de sentencias judiciales. De ese total, el 75% corresponde a intereses generados por demoras administrativas en la respuesta a demandas.
El organismo estimó que esta cifra representa un incremento del 188% respecto de 2023. El uso de la tasa UVA hasta mediados de mayo, ajustada por inflación, explicó en buena parte ese crecimiento.
Con la aprobación de estas reformas, se espera reducir este tipo de erogaciones mediante una gestión pública más ágil, ordenada y responsable.
Próximos pasos
Las leyes serán promulgadas en el Boletín Oficial y luego entrarán en vigencia. A partir de ese momento, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial deberán realizar las adecuaciones necesarias para implementar los cambios normativos.
Además, el presupuesto 2025 de la Fiscalía de Estado prevé un gasto de $3.097 millones para atender 373 juicios con sentencia firme contra el Estado. Entre los casos pendientes se incluyen demandas por daños y perjuicios, acciones administrativas, acuerdos transaccionales, amparos sindicales y expropiaciones, entre otros.