Súper RIGI: las nueve claves del nuevo proyecto de Milei para las industrias del futuro
El Poder Ejecutivo dio un nuevo paso en su estrategia de apertura económica. Este martes, el Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el esperado proyecto de ley del Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), una versión potenciada del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado en 2024. En esta oportunidad, la iniciativa busca captar inversiones tecnológicas y posicionar a la Argentina como un polo global en los sectores de la denominada "nueva economía".
El documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, diagnostica que décadas de inestabilidad normativa y presión tributaria dejaron al país al margen de las cadenas globales de valor. Para revertir este rezago estructural, el Súper RIGI propone un marco de previsibilidad extrema centrado en cuatro metas: garantizar la prosperidad, incrementar las exportaciones, generar empleo de calidad y consolidar el crecimiento.
A diferencia del régimen anterior —enfocado en minería y energía—, este esquema se diseñó exclusivamente para actividades de vanguardia como la Inteligencia Artificial (IA), el desarrollo de semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital.
A continuación, el detalle punto por punto de las 9 claves que definirán el debate parlamentario:
1. Inversión mínima de u$s 1000 millones
Para ingresar al beneficio, los proyectos deben comprometer una inversión mínima de u$s 1000 millones en activos computables. El proyecto exige que el 20% de ese total se ejecute durante los primeros dos años. Quedan explícitamente excluidos los activos financieros y los bienes de cambio, asegurando que el capital se destine a infraestructura real.
2. Creación del Vehículo de Proyecto Único (VPU)
Las empresas que aspiren a estos incentivos deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU). Esta figura jurídica (que puede ser una S.A., SRL o sucursal extranjera) tendrá como objeto exclusivo la operación del proyecto adherido, garantizando total transparencia y separación patrimonial de otras actividades comerciales.
3. Fuertes incentivos tributarios
El atractivo fiscal es el motor del proyecto. Los VPU pagarán una alícuota fija del 15% en el Impuesto a las Ganancias, sensiblemente menor a la tasa general. Además, se dispone la amortización acelerada de bienes, la deducción de quebrantos sin límite de tiempo y un esquema donde los dividendos bajan su tributación del 7% al 3,5% a partir del cuarto año. El impuesto al cheque se computará al 100% a cuenta de Ganancias.
4. Exenciones aduaneras y esquema de IVA
El texto propone arancel cero para el comercio exterior de estos proyectos. Las importaciones de bienes de capital no pagarán derechos de importación ni tasa de estadística. Por su parte, las exportaciones de los productos resultantes también estarán exentas de retenciones. Para el IVA, se emitirán Certificados de Crédito Fiscal transferibles para cancelar el impuesto en las inversiones.
5. Reducción de contribuciones patronales
Con el fin de fomentar el empleo formal en tecnología, el régimen establece una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales asociadas a los nuevos puestos de trabajo. Solo queda excluida de este beneficio la tasa destinada al Fondo de Asistencia Laboral.
6. Libre disponibilidad cambiaria
Para esquivar las restricciones históricas, se plantea una flexibilización gradual del acceso a divisas sobre los ingresos de comercio exterior. El esquema de libre disponibilidad cambiaria permitirá disponer del 20% de los cobros por exportación al primer año, 40% al segundo y el 100% a partir del tercer año.
7. Estabilidad normativa por 30 años
La mayor promesa del proyecto es la previsibilidad a largo plazo. El texto sella un compromiso de estabilidad normativa por tres décadas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y previsional. Ningún cambio legislativo posterior podrá alterar los derechos adquiridos por las empresas aportantes.
8. Garantías jurídicas contra la confiscación
El Estado nacional se compromete a otorgar protección absoluta contra actos expropiatorios o confiscatorios. Asimismo, se asegura el derecho a la operación continuada del negocio y el acceso directo e irrestricto a la justicia ante cualquier eventualidad regulatoria.
9. Exigencias para provincias y municipios
Para que los beneficios nacionales se hagan efectivos en el territorio, las provincias y municipios deberán sancionar leyes de adhesión expresa. Al hacerlo, se comprometen a fijar un tope máximo del 0,50% para el impuesto a los Ingresos Brutos y a eliminar cargas locales como el impuesto de Sellos o tasas municipales distorsivas sobre los VPU.