ANMAT controlará en tiempo real el fentanilo y otros estupefacientes para frenar desvíos ilegales
El Gobierno nacional oficializó que comenzará a controlar en tiempo real la ruta del fentanilo, con el objetivo de evitar desvíos al mercado negro. Lo hizo a través de la Disposición 6223/2025 de la ANMAT, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que amplía el alcance del Sistema Nacional de Trazabilidad de estupefacientes y psicotrópicos.
Según fuentes del Ministerio de Salud, la normativa “establece criterios claros para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) en el Sistema Nacional de Trazabilidad”. Además, recordaron que desde 2016 no se actualizaba ni la tecnología ni el sistema de control, por lo que ahora se implementará “un sistema más veloz y con una base de datos de mayor capacidad”.
Hasta el momento, el seguimiento de sustancias como fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba únicamente a nivel provincial mediante un sistema de vales en papel. Esos registros solo llegaban a la ANMAT si eran requeridos de manera formal, lo que dificultaba detectar irregularidades de forma inmediata.
Como antecedente, la Disposición 10564/2016 había dejado fuera del anexo al fentanilo en parches y al remifentanilo, por lo que durante la última década el control estuvo en manos de las jurisdicciones.
Con la nueva normativa, los medicamentos que contengan los IFA incluidos tendrán 45 días hábiles para adecuarse a las exigencias de trazabilidad nacional.
Tras el escándalo del fentanilo contaminado
La disposición se conoce después del escándalo del fentanilo adulterado, que dejó 96 muertes y mantiene bajo investigación judicial a dueños y directivos del laboratorio HLB Pharma.
El Ministerio de Salud explicó que el nuevo sistema permitirá a la ANMAT implementar un monitoreo en tiempo real, capaz de detectar robos, irregularidades o desvíos de manera temprana.
Finalmente, desde el organismo remarcaron: “La trazabilidad de medicamentos es una política pública estratégica para prevenir fraudes, robos y falsificaciones”.