Moda del vapeo: Mendoza impulsa una ley para prohibir los cigarrillos electrónicos
El senador provincial Sergio Márquez (UCR) presentó un proyecto de ley en la Legislatura mendocina con el objetivo de restringir fuertemente el uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos de administración de nicotina, conocidos como vapers. La iniciativa contempla la prohibición de su comercialización, la publicidad y el uso en espacios públicos y cerrados, frente al crecimiento sostenido de su consumo, específicamente entre menores de edad.
La propuesta surge ante la falta de regulación provincial y el uso cada vez más frecuente de estos dispositivos en lugares cerrados, muchas veces por parte de adolescentes. Aunque la ANMAT prohíbe su venta en todo el país desde 2011, en la práctica su uso se ha extendido ampliamente, sin que existan sanciones efectivas a nivel local.
Desde el ámbito de la salud se advierte sobre los efectos negativos del vapeo, tanto inmediatos como a largo plazo. Las sustancias inhaladas pueden contener elementos tóxicos y potencialmente cancerígenos. Además, no está comprobado que ayuden a dejar de fumar y pueden funcionar como puerta de entrada al cigarrillo convencional. Los profesionales destacan también los riesgos para el desarrollo de niños, adolescentes y personas embarazadas, y señalan que ya se han reportado lesiones pulmonares por fallas en el funcionamiento de estos dispositivos.
Restricciones en espacios cerrados y sanciones económicas para quienes los vendan
El proyecto establece la prohibición de fumar o utilizar cigarrillos electrónicos —con o sin nicotina— en todos los espacios cerrados de acceso público. Esto incluye lugares de trabajo, medios de transporte, centros educativos y de salud, espacios culturales, deportivos y todos aquellos que puedan ser determinados por reglamentación.
Asimismo, la iniciativa incorpora al Código Contravencional un artículo que sanciona la venta, distribución y publicidad de estos productos. Las penas propuestas incluyen multas que oscilan entre los $126.000 y $1.260.000 (de 300 a 3.000 unidades fiscales), la clausura del local hasta por 90 días y la inhabilitación temporal o definitiva del comercio. Si se detecta venta a menores, las sanciones se duplican. En caso de reincidencia, la clausura podrá ser permanente y las multas volverán a duplicarse.
El proyecto apunta principalmente a restringir el acceso a estos dispositivos entre los más jóvenes y a limitar la difusión de mensajes que los presenten como una alternativa inocua al cigarrillo tradicional.
Impacto ambiental y desinformación: los otros peligros ocultos del vapeo
Además del riesgo para la salud humana, Márquez advirtió sobre el impacto ambiental de los vapers. Estos dispositivos contienen plásticos que no se degradan y baterías de litio que generan residuos electrónicos. Su desecho inadecuado contribuye a la acumulación de microplásticos en el ambiente y representa una nueva fuente de contaminación.
Otro aspecto destacado en el proyecto es la desinformación. Muchas personas creen que el "humo" del vapeo es vapor de agua inofensivo, pero en realidad se trata de un aerosol que contiene glicerina vegetal, propilenglicol y —en la mayoría de los casos— nicotina, aunque las etiquetas indiquen lo contrario. Esa nicotina es la que genera adicción, y su consumo reiterado puede derivar en una dependencia igual o mayor que la del cigarrillo tradicional.