INFORME

Banco Nación le otorgó más de mil créditos a funcionarios y personas alcanzadas por controles especiales

Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación concedió 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP). La cifra surge de información oficial y representa alrededor del 4,4% del total de préstamos otorgados durante ese período.

El Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, según datos oficiales obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública.

Durante ese mismo período, la entidad aprobó un total de 25.391 préstamos hipotecarios. De esta manera, los créditos destinados a personas incluidas dentro de la categoría PEP representaron cerca del 4,4% del total, equivalente a uno de cada 23 créditos otorgados.

La categoría de Personas Expuestas Políticamente está regulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) e incluye a funcionarios y autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos alcanzados por mecanismos especiales de control para prevenir operaciones vinculadas al lavado de activos.

No obstante, la clasificación no contempla a la totalidad de los empleados y funcionarios del Estado, por lo que la cantidad de beneficiarios vinculados a la administración pública podría ser mayor.

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Los casos que generaron polémica

La información tomó relevancia pública luego de que trascendiera que varios funcionarios nacionales accedieron a créditos hipotecarios de la entidad por montos significativos.

Entre los beneficiarios mencionados se encuentran el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y Leandro Massaccesi, exfuncionario del Ministerio de Capital Humano.

Cambios en la línea de créditos

En septiembre de 2024, el Banco Nación modificó las condiciones de acceso a la línea hipotecaria "+ Hogares" e incorporó de manera explícita a funcionarios políticos designados o electos entre los potenciales beneficiarios.

La medida derivó en una denuncia penal presentada por la diputada nacional Mónica Frade, quien cuestionó la decisión. El expediente quedó radicado en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

La respuesta del Gobierno

Tras la difusión de los préstamos obtenidos por funcionarios, el Gobierno nacional buscó relativizar la controversia. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que menos del 0,2% de los créditos otorgados correspondían a personas vinculadas al Gobierno.

La discusión permanece abierta mientras continúan los cuestionamientos sobre el acceso de funcionarios a líneas de financiamiento subsidiadas o con condiciones preferenciales en un contexto de fuerte ajuste económico.