Buscan en la Legislatura declarar la emergencia vitivinícola en Mendoza
En un contexto de fuerte deterioro para el sector, la Legislatura de Mendoza deberá analizar un proyecto de ley que propone declarar la emergencia de la vitivinicultura en la provincia. La presentación se da en medio de la caída de los precios de la uva y el vino, sumada al incremento sostenido de costos, factores que afectan de manera directa la rentabilidad de pequeños y medianos viñateros.
La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque de diputados justicialistas, Germán Gómez, quien fundamentó la propuesta en el desfasaje entre los valores que perciben los productores y el aumento de insumos estratégicos. Según expuso, esta combinación genera un progresivo deterioro financiero y un proceso de descapitalización que pone en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones.
El proyecto tomó estado parlamentario luego de la protesta de productores del Este provincial, quienes protagonizaron un caravanazo hasta la Legislatura para visibilizar la crisis. Durante la manifestación, entregaron un petitorio y realizaron una simbólica entrega de uva para exponer el impacto de los bajos precios.
Creación de un Fondo de Emergencia
El eje central de la propuesta es la conformación de un Fondo Provincial de Emergencia y Estabilización destinado a instrumentar medidas concretas de asistencia. Entre las herramientas planteadas figura la fijación de un precio sostén para la uva, actualmente pagada a valores similares a los de 2024 pese a una inflación acumulada cercana al 60%.
El proyecto también contempla compensaciones económicas directas, compra pública de subproductos, alivio fiscal y líneas de financiamiento para cosecha y acarreo. Si bien el Gobierno provincial ya habilitó créditos para estas tareas, productores advierten que las tasas resultan difíciles de afrontar en el actual escenario.
La declaración de emergencia busca dotar al Ejecutivo de un marco legal que permita actuar con mayor rapidez frente a la coyuntura y evitar el abandono de fincas y la pérdida de puestos de trabajo.
Hasta el momento, el Gobierno no ha anticipado medidas de intervención directa en el mercado, más allá de las líneas crediticias vigentes y programas orientados a incentivar exportaciones bajo un esquema de precio base para los productores.