Constitucionalistas anticipan posibles impugnaciones judiciales tras la aprobación de la reforma laboral
La aprobación de la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei abre un escenario de posibles impugnaciones judiciales, según alertan abogados especializados en derecho constitucional. Los expertos señalan que varios puntos del proyecto podrían entrar en conflicto con garantías constitucionales y precedentes de la jurisprudencia laboral.
Entre los aspectos más controvertidos se encuentran la duración de la jornada laboral, que no establece con claridad si el tope máximo será de 8 o 12 horas; el cálculo de indemnizaciones, que excluye ciertos componentes históricos; y la facultad del empleador para modificar funciones y modalidades del trabajo, generando preocupación sobre la protección de derechos adquiridos.
Los especialistas coinciden en que la reforma probablemente aumentará la litigiosidad en el plano individual, ya que los fallos alcanzarán solo a quienes interpongan demandas concretas y no tendrán efectos generales. Asimismo, advierten que podría interpretarse como una regresión normativa, afectando derechos históricamente garantizados como vacaciones, jornada laboral y compensaciones económicas.
Otro foco de observación es el capítulo tributario del proyecto, que se inició en el Senado en lugar de la Cámara de Diputados, lo que podría cuestionarse por inconstitucionalidad según los expertos. Además, la reforma contempla el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, y la derivación de ciertas competencias sindicales al fuero Contencioso Administrativo federal, lo que podría dificultar futuros recursos judiciales.
La jurisprudencia histórica de la Corte Suprema ha protegido consistentemente los derechos de los trabajadores, aplicando principios como la progresividad de los derechos y el in dubio pro operario, que prioriza la interpretación favorable al empleado. La reforma, según los constitucionalistas, tensiona estos principios y podría generar múltiples reclamos ante los tribunales.
En este contexto, abogados constitucionalistas anticipan que la reforma laboral será objeto de impugnaciones individuales, litigios por derechos adquiridos y cuestionamientos sobre su compatibilidad con la Constitución y tratados internacionales. La expectativa judicial se mantiene sobre cómo se resolverán estos conflictos una vez que la ley entre en vigor.