Diputado del PRO presentó un proyecto de ley para que todos los funcionarios pasen un narcotest
El diputado nacional Gabriel Chumpitaz (PRO) presentó un proyecto de ley que propone la implementación de exámenes toxicológicos obligatorios para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado argentino. La iniciativa busca garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública, estableciendo que los exámenes se realicen al asumir el cargo, anualmente y de forma aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios.
El proyecto abarca a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo Nacional, del Poder Judicial de la Nación, directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado. Los exámenes estarán destinados a detectar la presencia de sustancias como cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, alucinógenos y otras drogas sintéticas. Se permitirá la presencia de medicamentos que contengan estas sustancias solo si han sido prescriptos por un profesional de la salud.
En caso de que un funcionario obtenga un resultado positivo en el examen, podrá solicitar una contraprueba en un plazo de 48 horas. Si la contraprueba confirma el resultado, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación. La continuidad del funcionario será determinada por el Poder Ejecutivo, quien deberá solicitar una junta médica oficial y la intervención de la Oficina Anticorrupción, las cuales emitirán un informe al Presidente de la Nación. En el Congreso, se podrá recomendar la destitución, que debe ser aprobada por mayoría simple, iniciándose luego el procedimiento de juicio político o remoción, según corresponda. En el Poder Judicial, en el caso de magistrados, se dará intervención al Consejo de la Magistratura, el cual podrá iniciar el proceso de remoción o sanción correspondiente.
Chumpitaz destacó que esta iniciativa no solo es un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder. "Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones", afirmó.
Este proyecto se suma a iniciativas similares presentadas anteriormente. En abril de 2023, la senadora nacional Juliana Di Tullio (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que establece la realización obligatoria de exámenes antidoping para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, con el objetivo de combatir el narcotráfico y fortalecer el sistema de prevención de adicciones.
La propuesta de Chumpitaz ha generado debate en la sociedad y entre los legisladores. Algunos consideran que es una medida necesaria para garantizar la transparencia y la confianza en las instituciones, mientras que otros advierten sobre posibles implicaciones en la privacidad y la autonomía de los funcionarios. El proyecto se encuentra en proceso de análisis y discusión en el Congreso Nacional.