PUESTOS EN LA JUSTICA
El presidente Javier Milei analiza la posibilidad de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto presidencial. La medida surge luego de que el oficialismo no lograra reunir los votos necesarios en el Senado para la aprobación de los pliegos.
Fuentes cercanas a la Casa Rosada y al ámbito judicial indicaron que el decreto ya estaría listo para la firma del mandatario y su publicación podría ser inminente. El Gobierno tiene hasta el sábado, día en que Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso, para definir esta estrategia.
Un antecedente en la era Macri
El último nombramiento en comisión por decreto se produjo en diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri designó a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para completar la Corte Suprema, que en ese momento contaba con solo tres jueces. Sin embargo, ante las críticas de la oposición, ambos magistrados esperaron la aprobación del Senado antes de asumir sus cargos.
Negociaciones bloqueadas en el Senado
Inicialmente, el Gobierno intentó conseguir apoyo en la Cámara Alta, negociando con distintos sectores de la oposición. Lijo contaba con el respaldo de algunos gobernadores peronistas, pero el kirchnerismo bloqueó cualquier acuerdo, especialmente tras el escándalo financiero vinculado a la fallida promoción de $LIBRA.
Además, el jefe del bloque Unión por la Patria, José Mayans, confirmó que su bancada no asistirá a la apertura de sesiones del Congreso, lo que refuerza la falta de voluntad para negociar. Mientras tanto, el pliego de García-Mansilla ni siquiera logró dictamen de comisión y la Casa Rosada no priorizó su tratamiento parlamentario.
Divisiones en la oposición y la presión de Macri
El PRO mostró posturas divididas. Mientras gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) respaldaron la postulación de Lijo y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se mantuvieron neutrales, Mauricio Macri presionó para que su partido rechazara al juez, asegurándose de bloquear su designación.
Incluso Horacio Rodríguez Larreta, con influencia en el Senado a través de Guadalupe Tagliaferri, optó por rechazar el pliego, dejando al Gobierno con pocas alternativas dentro del Congreso.
Con este panorama, la vía del decreto presidencial podría convertirse en la única alternativa viable para que el oficialismo logre modificar la composición de la Corte Suprema.
