Duro repudio de la Iglesia Católica a la eliminación del Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata
La eliminación del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, dispuesta por el Ministerio de Economía, generó fuertes críticas desde la Iglesia Católica y otras instituciones. El fondo, que no utilizaba recursos públicos, se financiaba con bienes decomisados en delitos relacionados con la trata y explotación de personas.
Un retroceso en derechos
En un comunicado emitido este viernes, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su "más profunda preocupación" por la eliminación de este mecanismo, establecido en la Ley 27.508 de 2019. Según el equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, el fondo "representaba una demanda legítima de víctimas y sobrevivientes, respaldada por todas las fuerzas políticas y la sociedad civil".
El Fondo se destinaba a administrar los bienes decomisados en causas de trata y explotación, canalizando esos recursos hacia la reparación económica y simbólica de las víctimas. Según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), entre 2019 y 2022, se dictaron 107 sentencias condenatorias en causas de trata en Argentina, de las cuales solo en el 25,2% se otorgaron reparaciones económicas. Este mecanismo permitió asistir a 168 víctimas con más de 70 millones de pesos y otros bienes como vehículos.
Impacto y críticas desde las organizaciones civiles
Organizaciones como La Alameda repudiaron la medida, señalando que el fondo representaba un avance en la reparación directa de víctimas y una política pública construida durante años. Según la ONG, el fondo también servía para evitar la depreciación de bienes decomisados, al permitir su alquiler o uso temporal hasta obtener sentencias firmes.
“El fondo no solo reparaba a las víctimas, sino que representaba un mensaje simbólico a toda la sociedad sobre el compromiso contra la trata”, destacaron desde la organización.
Argumentos del Gobierno
El Ejecutivo justificó la eliminación alegando "fallas administrativas" como la falta de un manual de procedimientos formalizado y un sistema informático adecuado. Sin embargo, La Alameda destacó que el fondo estaba sujeto a múltiples controles, incluyendo los de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Consejo Federal de Trata y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entre otros organismos.
La mirada de la Iglesia
La CEA calificó la medida como "un retroceso en materia de derechos humanos". En su comunicado, advirtió que esta decisión "convierte nuevamente en víctimas a quienes ya han sido vulneradas, abandonándolas cuando más necesitan apoyo del Estado".
Un debate abierto
La eliminación del Fondo de Asistencia Directa para Víctimas de Trata abre un debate sobre el compromiso del Estado con las políticas de derechos humanos y justicia social. Para muchas organizaciones, esta decisión afecta no solo a las víctimas directas, sino también al sistema judicial y al mensaje que se envía en la lucha contra la explotación y la trata de personas.