El Gobierno inicia la privatización de Nucleoeléctrica Argentina: el Estado conservará el 51% del control
El Gobierno oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida se instrumentó a través de la Resolución 1751/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según el texto, se implementará un “programa de propiedad participada” que destinará el 5% del capital accionario a los trabajadores de la compañía, mientras que el 44% restante será vendido en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional. El Estado, en tanto, mantendrá el 51% de las acciones, garantizando la mayoría del control.
La resolución instruye a la Secretaría de Energía a ejecutar el proceso, con la supervisión de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que deberá realizar un inventario de los activos tangibles e intangibles de NA-SA para determinar la valuación definitiva del paquete accionario. El Gobierno estableció un plazo máximo de un año para completar la privatización.
Una empresa estratégica para el sistema energético nacional
Actualmente, los accionistas de Nucleoeléctrica son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA, 20%) y Energía Argentina SA (Enarsa). Con esta medida, tanto la CNEA como Enarsa transferirán sus participaciones a la Secretaría de Energía para unificar la tenencia estatal.
NA-SA, presidida por Demian Reidel, tiene a su cargo la operación de las tres centrales nucleares del país, que en conjunto aportan 1.763 MW de potencia instalada, equivalentes a cerca del 7% de la energía eléctrica consumida en Argentina. Su valuación de mercado se estima entre 560 y 1.000 millones de dólares, según cálculos oficiales incluidos en la Ley Bases, que habilitó la privatización.
Rechazo y críticas del sector nuclear
Desde la comunidad científica y sindical, la decisión generó un fuerte rechazo. Andrés Kreiner, secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN), sostuvo que “privatizar NA-SA no tiene ninguna justificación ni económica ni técnica” y advirtió que “no va a mejorar las condiciones de vida de la gente”.
“El Gobierno busca hacerse de dólares de manera desesperada para mantener un tipo de cambio artificialmente bajo, lo que es electoralista y cortoplacista”, señaló el físico en diálogo con C5N.com. Kreiner también cuestionó que la empresa es superavitaria y estratégica para el desarrollo industrial argentino, y alertó que la participación de un inversor privado mayoritario podría “coartar la capacidad independiente de desarrollo nuclear” del país, que históricamente apostó por la tecnología de uranio natural y agua pesada.