El Gobierno nacional busca derogar la Ley 26.206, con foco en la "libertad educativa"
El Gobierno nacional presentó en el Consejo de Mayo un borrador de “Ley de Libertad Educativa”, que apunta a derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. El proyecto, que no afecta a las universidades, abarca la educación inicial, primaria y secundaria.
La iniciativa redefine el rol estatal como “subsidiario” y coloca a las familias como agentes primarios de la educación de sus hijos. Entre sus cambios centrales, habilita el homeschooling, junto con propuestas híbridas y a distancia, sin fijar una edad mínima. Quienes estudien en el hogar deberán acreditar saberes mediante exámenes periódicos.
También se contempla la posibilidad de ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario de clases.
El texto declara a la educación básica como servicio esencial, lo que obliga a garantizar continuidad mínima ante medidas de fuerza.
Autonomía institucional, contenidos y evaluaciones
La libertad de contenidos aparece como eje: las instituciones podrán elaborar planes de estudio propios, junto a los contenidos mínimos comunes que seguirá fijando el Estado, y registrarse en un Registro Nacional de Planes.
El proyecto establece un piso de horas, inferior al acordado en 2024:
540 horas anuales para inicial
720 horas para primaria y secundaria
Además, las escuelas podrán definir su propio calendario y un 25% de autonomía curricular.
Las evaluaciones serán anuales y censales en el último año de primaria y secundaria, y se habilita la publicación de resultados por escuela, aunque sin identificación de docentes o estudiantes.
El borrador elimina la meta del 6% del PBI para educación y formaliza la igualdad entre instituciones estatales y privadas en acceso a financiamiento. A su vez, prevé asignaciones directas a familias, como becas, vales educativos o créditos fiscales.
La autonomía institucional se ampliaría a la gestión interna: las escuelas podrán definir su régimen de gobierno, administrar recursos, proponer contrataciones y políticas de admisión. También se incorpora la participación de las familias mediante un consejo escolar de padres.
El proyecto mantiene la educación técnico profesional y define evaluaciones periódicas (cada cuatro años como máximo) vinculadas al desempeño docente.