El Gobierno nacional fue a la Corte Suprema para frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno nacional decidió avanzar en la vía judicial para frenar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La presentación fue realizada a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, con el objetivo de dejar sin efecto la norma sancionada por el Congreso de la Nación Argentina.
El argumento central: impacto en las cuentas públicas
Desde el Ejecutivo sostienen que la legislación genera un fuerte impacto económico y compromete el equilibrio fiscal.
En el escrito presentado ante la Corte, el Gobierno advierte que la aplicación de la ley implica “enormes erogaciones presupuestarias sin previsión de financiamiento”, lo que —según señalan— afecta la sostenibilidad del sistema.
Además, plantean que la situación reviste “gravedad institucional”, ya que la implementación de la norma podría impactar en áreas sensibles del gasto público, incluido el sistema de seguridad social.
El conflicto judicial por la ley vigente
El reclamo se da en el marco de una causa de alcance colectivo iniciada en el partido bonaerense de San Martín, donde se exige al Estado el cumplimiento de la ley.
La decisión de acudir directamente al máximo tribunal busca suspender los efectos de fallos previos que declararon la inconstitucionalidad de decretos vinculados a la normativa.
Cambios propuestos en el sistema de discapacidad
En paralelo, el Gobierno impulsa modificaciones a través de un proyecto denominado “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, que introduce cambios estructurales en el sistema.
Entre los puntos principales se destacan:
- Reempadronamiento obligatorio de beneficiarios de pensiones por discapacidad
- Evaluación médica, socioeconómica y laboral para mantener el beneficio
- Suspensión automática en caso de incumplimiento
- Cruce de datos con organismos como ANSES y sistemas estatales
Cambios en pensiones y condiciones laborales
La iniciativa también plantea:
- Fijar las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio
- Eliminar adicionales por invalidez laboral o zona desfavorable
- Establecer la incompatibilidad total entre pensión y empleo formal
- Desregular el sistema de prestaciones y financiamiento
Estos cambios implicarían una modificación profunda del esquema actual y han generado preocupación en sectores vinculados a la discapacidad.
Un escenario abierto
Mientras la ley sigue vigente, la definición ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si da lugar al planteo del Gobierno y suspende su aplicación.
El caso abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso, con impacto directo en miles de beneficiarios en todo el país.