El Gobierno propone desregular el mercado inmobiliario y genera preocupación en el sector
Gobierno nacional presentó un proyecto de reforma que busca desregular el mercado inmobiliario mediante cambios en los requisitos para ejercer la actividad, el esquema de honorarios y la participación de plataformas digitales.
La propuesta forma parte de un paquete de reformas orientadas a flexibilizar distintas actividades económicas y ya despertó cuestionamientos entre colegios y cámaras inmobiliarias de Mendoza, que advierten sobre el impacto que podría tener en la seguridad jurídica de las operaciones.
Qué cambios propone el proyecto
El anteproyecto establece que para desempeñarse como corredor inmobiliario o martillero público solo será necesario ser mayor de edad y contar con el título secundario completo, eliminando la exigencia de una formación universitaria específica.
Además, elimina las referencias legales sobre los honorarios profesionales, permitiendo que las comisiones sean acordadas libremente entre las partes, y habilita una mayor participación de plataformas digitales en la intermediación inmobiliaria.
Preocupación por la formación profesional
Desde el sector inmobiliario mendocino consideran que la iniciativa podría afectar la calidad del asesoramiento en operaciones de compraventa, alquileres y otros negocios vinculados al mercado de bienes raíces.
Advierten que la actividad requiere conocimientos jurídicos, registrales y comerciales para analizar documentación, detectar posibles restricciones sobre los inmuebles y brindar respaldo durante todo el proceso de una operación.
También sostienen que los colegios profesionales cumplen una función de control sobre el ejercicio de la actividad y de protección para los consumidores, garantizando que quienes intervienen cuenten con la capacitación necesaria.
Honorarios sin regulación
Otro de los puntos que genera debate es la eliminación de los parámetros para fijar honorarios.
La iniciativa propone que las comisiones sean pactadas libremente entre las partes, mientras que desde el sector sostienen que los límites actuales ayudan a evitar abusos y aportan mayor transparencia al mercado.
El rol de las plataformas digitales
El proyecto también prevé ampliar la participación de plataformas digitales en la actividad inmobiliaria.
Si bien las inmobiliarias ya utilizan portales para publicar propiedades, la propuesta permitiría que estas plataformas asuman un rol más activo en la intermediación de operaciones.
Desde las entidades profesionales consideran que las herramientas tecnológicas pueden facilitar la difusión de inmuebles, pero sostienen que no reemplazan tareas como la tasación, la revisión documental, el asesoramiento legal ni el acompañamiento que requiere una operación inmobiliaria.
El proyecto deberá ser debatido en el Congreso, donde se definirá si avanzan las modificaciones propuestas para una actividad que actualmente está regulada por normas provinciales y colegios profesionales.
Fuente: diario El Sol