El INV recortó controles y dio de baja casi el 30% de sus vehículos
Los efectos del decreto de desregulación impulsado por el Ministerio de Desregulación del Estado comenzaron a impactar en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El organismo dispuso la baja de 22 de sus 80 vehículos oficiales, lo que representa casi un 30% de su flota utilizada para tareas de inspección y fiscalización en bodegas de todo el país.
La decisión alcanza a las delegaciones de Mendoza, San Martín, San Rafael y otras regiones vitivinícolas, e incluye la salida de circulación de los 14 laboratorios móviles, unidades que históricamente realizaron controles de calidad y genuinidad del vino durante el proceso de elaboración, fraccionamiento y comercialización.
A partir del 31 de diciembre, cuando venzan los seguros del parque automotor, el INV mantendrá en actividad solo 58 vehículos. Los restantes serán dados de baja y podrían ser subastados o donados a otras instituciones, según determinen las autoridades.
Lejos de tratarse de unidades obsoletas, los vehículos en cuestión corresponden a modelos relativamente recientes —entre 2010 y 2015— como Kangoo, Suran, Toyota Hilux y Renault Master, estas últimas acondicionadas como laboratorios móviles.
El recorte se enmarca en el decreto 37/2025, firmado por el presidente del INV, Carlos Tizio, que derogó 973 resoluciones vinculadas a las funciones de inspección y control de la calidad del vino. A partir de ahora, el organismo limitará sus verificaciones a tareas internas y a controles básicos en góndolas, reduciendo su presencia territorial y los operativos de libre circulación.
La medida se suma a otros cambios administrativos que flexibilizan los mecanismos de control: el certificado de tránsito de productos vitivinícolas dejará de ser obligatorio, mientras que los certificados de libre circulación y los de ingreso de uva (CIU) pasarán a ser optativos, solo emitidos a pedido de productores o bodegas.
Con un esquema de fiscalización más acotado y menos recursos logísticos, el INV inicia una nueva etapa en la que el control sobre la calidad y trazabilidad del vino dependerá, en buena medida, de la voluntad de las propias empresas del sector.