El Senado debatirá la ley de propiedad privada: cuáles son los principales cambios que propone el proyecto
Luego de dos intentos fallidos por falta de quórum y diferencias políticas, La Libertad Avanza volverá a impulsar en el Senado el tratamiento de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las principales iniciativas promovidas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El proyecto será uno de los ejes de la sesión convocada para este jueves, en la que el oficialismo también buscará avanzar con la aprobación de una serie de pliegos judiciales.
La propuesta ya había sido incluida en el temario de sesiones anteriores, pero el debate fue postergado primero por desacuerdos sobre algunos artículos y luego por la falta de quórum.
Compra de tierras por extranjeros: qué cambia
Uno de los cambios más relevantes del proyecto elimina las restricciones vigentes para que ciudadanos y empresas extranjeras puedan adquirir tierras rurales en Argentina.
Sin embargo, la iniciativa mantiene una excepción para las zonas de frontera, donde cualquier operación deberá contar con la autorización tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, seguirá prohibida la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo que obtengan el aval de ambas jurisdicciones.
El proyecto también incorpora el criterio de silencio administrativo. Si en un plazo de 180 días las autoridades nacionales y provinciales no se pronuncian sobre una solicitud, la operación quedará automáticamente autorizada.
Desalojos más rápidos en casos de usurpación
Otro de los capítulos centrales de la iniciativa establece un procedimiento más ágil para recuperar inmuebles ocupados de manera ilegal.
El texto prevé un desalojo exprés cuando existan elementos suficientes que acrediten el derecho de propiedad y se trate de ocupaciones irregulares o tenencias precarias. En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble luego de evaluar la documentación presentada por el propietario.
La normativa también fija un plazo de 72 horas para intimar a los ocupantes a devolver el inmueble cuando se acrediten los requisitos legales.
Qué cambia para los inquilinos con deudas
El proyecto diferencia los casos de usurpación de los conflictos derivados de contratos de alquiler.
Cuando exista falta de pago, el propietario deberá intimar previamente al inquilino mediante carta documento o por correo electrónico, otorgándole un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda.
Si el incumplimiento persiste, podrá iniciar el proceso judicial de desalojo, cuyo trámite buscará resolverse en un plazo de 10 días hábiles.
Además, la propuesta establece que el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves del inmueble, aunque conservará el derecho de reclamar judicialmente las deudas pendientes.
Protección para menores y personas vulnerables
El proyecto incorpora un mecanismo de protección para los casos en los que en el inmueble habiten menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.
En esas situaciones, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección social y al Ministerio Público correspondiente para garantizar una solución habitacional transitoria antes de concretar el desalojo. Ese procedimiento no podrá demorar el proceso judicial por más de diez días.
Cambios durante el debate parlamentario
La iniciativa sufrió modificaciones respecto del texto original enviado por el Gobierno. Uno de los cambios más importantes fue la eliminación del capítulo referido a la Ley de Barrios Populares, luego de los cuestionamientos planteados por distintos sectores políticos y organizaciones sociales, que advertían sobre el riesgo de desalojos masivos.
Con estas modificaciones, el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para convertir el proyecto en ley y avanzar con una de las reformas que considera prioritarias dentro de su agenda de desregulación.