PANORAMA

El trabajo en apps de delivery supera el millón de personas en Argentina

Más de un millón de personas trabajan con plataformas como Uber, Rappi y PedidosYa, en un contexto de caída del empleo formal que consolida a la economía digital como refugio laboral.

El trabajo a través de aplicaciones de transporte y delivery ya supera el millón de personas en Argentina, en un contexto marcado por el aumento del desempleo y la caída de oportunidades en el sector formal. Plataformas como Uber, Rappi, PedidosYa, DiDi y Cabify concentran a unos 900 mil conductores y 200 mil repartidores en todo el país.

El fenómeno crece al ritmo de un mercado laboral cada vez más restrictivo. Con una tasa de desempleo del 7,5% a fines de 2025, miles de personas encuentran en estas plataformas una alternativa para generar ingresos frente a la falta de empleo estable.

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Desde el Sindicato de Trabajadores por Aplicación, referentes del sector advierten que la expansión es “exponencial” y está directamente vinculada a la pérdida de puestos formales. De hecho, algunas empresas reportaron incrementos de hasta el 38% en la cantidad de usuarios activos durante el último año.

Sin embargo, la dinámica laboral implica altas exigencias. Para alcanzar ingresos cercanos a $1,3 millones mensuales, muchos trabajadores deben cumplir jornadas de entre 10 y 12 horas diarias, seis días por semana. En el caso de los repartidores, se estima que necesitan completar más de 450 pedidos al mes para cubrir el costo de vida básico.

El perfil del sector refleja además una fuerte diversificación laboral: cerca del 60% de los conductores tiene otro empleo, mientras que la edad promedio ronda los 36 años. También se destaca una creciente participación femenina, que ya supera el 30%, y una importante presencia de trabajadores con formación profesional.

El crecimiento de este modelo evidencia una tensión estructural: si bien ofrece flexibilidad y una salida rápida ante la crisis, también expone la falta de derechos laborales, ya que los trabajadores asumen los costos operativos y carecen de protección social.