Fentanilo contaminado: la megacausa que expuso la peor crisis sanitaria entró en una etapa clave
La megacausa por fentanilo contaminado, considerada la peor crisis sanitaria reciente, avanza hacia una instancia decisiva con la definición de las audiencias indagatorias para los principales responsables de las firmas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El expediente investiga al menos 111 muertes vinculadas al suministro de ampollas contaminadas, en un caso que expone graves fallas en los controles sanitarios y en la supervisión estatal.
Como antesala de las indagatorias, el próximo lunes 13 de abril se realizará la última pericia del Cuerpo Médico Forense, centrada en una paciente de 38 años que se incorporó a la querella en el tramo final de la investigación. Este informe será clave para consolidar evidencia sobre la relación entre el fentanilo contaminado y los fallecimientos.
En tanto, el jueves 16 de abril a las 11, la Justicia tomará declaración indagatoria a Ariel Fernando García Furfaro, propietario, junto a Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, además de María Victoria García y Eduardo Darchuk, señalados como responsables de la cadena de producción.
El proceso continuará el lunes 20 de abril, también a las 11, con las indagatorias de José Antonio Maiorano, director técnico encargado de la producción y liberación de los lotes contaminados; Nilda Furfaro, directiva de las sociedades; Wilson Daniel Pons, vinculado a la cadena de producción; y Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay.
Finalmente, el martes 21 de abril será el turno de Javier Martín Tchukran, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA; Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, ambos ligados a la producción; y Diego Hernán García, directivo en ambas compañías.
En total, la causa ya tiene 14 empresarios, accionistas y técnicos procesados, en un escenario donde la investigación judicial sostiene que todos conocían la contaminación dentro de las empresas. Además, se señala la ausencia de controles, la falta de seguimiento de organismos públicos y la continuidad en la distribución del fentanilo, que habría sido administrado a pacientes que fallecieron posteriormente.
Con este avance, la Justicia busca determinar las responsabilidades penales en un caso que no solo impacta en el ámbito empresarial, sino que también pone en jaque la credibilidad del sistema sanitario y los mecanismos de regulación de medicamentos.