Hacienda proyecta un riesgo país de 200 puntos pero advierte por la escasez del crédito
El diseño estratégico del programa de reformas estructurales de la administración nacional sumó precisiones respecto a sus metas de inserción en los mercados globales de capitales. El secretario de Política Económica y viceministro de Economía, José Luis Daza, ratificó el sendero de crecimiento sostenido que transita la actividad macroeconómica bajo la conducción del presidente Javier Milei. Sin embargo, en un ejercicio de diagnóstico técnico, el segundo del Palacio de Hacienda reconoció que el principal pendiente del modelo radica en que la estabilidad y la fuerte desaceleración inflacionaria aún no se traducen en un acceso fluido al crédito para las familias y los sectores productivos.
De acuerdo con las definiciones de Daza, el encarecimiento de los préstamos bancarios responde a un factor estructural histórico: la sistemática destrucción del ahorro en moneda local debido a crisis monetarias previas. Al no registrarse un volumen sólido de depósitos privados en pesos a largo plazo, el sistema financiero carece del apalancamiento necesario para dinamizar las líneas comerciales, manteniendo tasas que el propio funcionario calificó de "prohibitivas". Para revertir este escenario de cara a las próximas elecciones legislativas, los equipos técnicos del Palacio de Hacienda descartaron cualquier tipo de flexibilización monetaria o "plan platita", ratificando que la expansión del crédito solo llegará mediante la consolidación paulatina de la confianza y el fin definitivo del financiamiento del Banco Central al Tesoro.
En el plano del mediano y largo plazo, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía coordinan metas de regularización financiera internacional altamente ambiciosas:
Meta de Grado de Inversión (Investment Grade): El Gobierno fijó el año 2031 como el horizonte para recuperar la máxima calificación crediticia global, aspirando a consolidar en ocho años un proceso de ordenamiento macroeconómico que a otros países de la región les demandó hasta dos décadas.
Desplome del Riesgo País: Una vez alcanzado dicho estatus institucional, el Palacio de Hacienda proyecta que el indicador de riesgo país convergerá hacia una reducción de 200 puntos básicos adicionales, equiparándose a los niveles vigentes en economías estables de Sudamérica.
Alivio en el Servicio de Deuda: La mejora en la calificación soberana implicaría para el Estado un ahorro directo cercano a los u$s 2.000 millones anuales en concepto de pago de intereses, liberando recursos presupuestarios para el saneamiento fiscal.
Viabilidad de Proyectos Privados: La fuerte caída del costo del capital transformará la rentabilidad de proyectos de inversión en infraestructura, minería y energía, atrayendo corrientes de financiamiento externo directo hacia el mercado local.
Para acelerar la reactivación en el corto plazo sin comprometer la disciplina fiscal, el equipo económico diseña mecanismos alternativos enfocados en revitalizar el crédito hipotecario y apuntalar la construcción a través de fondos remanentes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y líneas específicas con organismos multilaterales de crédito. Estas iniciativas forman parte del paquete de reformas de segunda generación dentro de la agenda de la reforma política económica oficial, orientada a cimentar un sendero de expansión del PBI que el Fondo Monetario Internacional estimó en 3,5% para el presente ciclo, con el objetivo de encauzar de forma definitiva el despegue generalizado de las fuerzas productivas nacionales.