La DGE ya separó a 50 trabajadores de la educación por hechos graves en las escuelas
La Dirección General de Escuelas avanzó en los últimos años con un endurecimiento de las sanciones dentro del sistema educativo mendocino y confirmó la separación de 50 trabajadores entre docentes y celadores por hechos considerados graves. Las medidas fueron aplicadas entre 2024, 2025 y lo que va de 2026.
De acuerdo con datos oficiales, del total de sancionados, 16 pertenecían al nivel primario y 34 al secundario. Desde el organismo indicaron que la cifra representa un fuerte incremento respecto de años anteriores y remarcaron que se triplicaron las cesantías y exoneraciones por hechos vinculados a abuso, violencia y faltas disciplinarias severas en establecimientos escolares.
Las causas por las que se avanzó con las sanciones son diversas. Incluyen incumplimiento de deberes de funcionario público, conductas indecorosas, violencia de género, abuso de autoridad, maltrato hacia alumnos, expresiones xenófobas, reiteradas inasistencias y adulteración de documentación. También hubo casos por situaciones insólitas, como personal encontrado durmiendo durante la jornada laboral.
Desde la DGE explicaron que las sanciones surgen tras sumarios administrativos donde se comprueban faltas contempladas en el Estatuto Docente y el régimen disciplinario. Las cesantías implican la pérdida del cargo, mientras que las exoneraciones son consideradas las penas más severas, ya que pueden impedir el reingreso al sistema educativo durante años o incluso de forma permanente.
Cómo actúa el protocolo
Desde el Gobierno escolar detallaron que, cuando existe una acusación contra un docente, se aplica una medida preventiva aunque no haya denuncia penal. En esos casos, la persona es apartada del aula y derivada a funciones administrativas o espacios donde no tenga contacto con menores.
Si la situación reviste mayor gravedad y existe imputación judicial, se puede avanzar directamente con la suspensión preventiva del sueldo y el apartamiento total del sistema.
En el caso de las exoneraciones, los sancionados no pueden regresar a trabajar en escuelas estatales. En cambio, quienes reciben cesantía pueden volver a concursar por cargos luego de tres años, siempre que no exista una inhabilitación específica.
El caso de San Rafael
Uno de los casos que tomó mayor repercusión pública fue el del docente Elbio Bruschi, investigado en San Rafael por una denuncia de grooming hacia una alumna de 17 años.
El fallo del Tribunal Penal Colegiado de la Segunda Circunscripción Judicial lo absolvió por ese delito, aunque sí lo condenó por mensajes considerados indignos y violentos, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La sentencia fijó seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer funciones vinculadas con menores. En paralelo, la DGE confirmó que el docente cumplió una suspensión administrativa de diez días y quedó imposibilitado de tomar cargos durante un año dentro del sistema educativo provincial.