La Justicia federal ordenó suspender por seis meses los cortes de agua por falta de pago
La jueza federal de San Martín (Buenos Aires) Martina Forns resolvió este jueves la suspensión por un plazo de seis meses la aplicación del DNU 493/2025, que habilitaba a las firmas proveedoras al corte del servicio de agua potable y desagües cloacales en domicilios residenciales, por falta de pago.
La medida cautelar fue dictada tras un planteo presentado por la Unión de Usuarios y Consumidores y por la cooperativa Consumidores Libres, que cuestionó la constitucionalidad de la normativa impulsada por el Gobierno nacional.
En su resolución, Forns ordenó frenar la aplicación del inciso P del artículo 3 del DNU, así como de los artículos 81 del Anexo I y 37 del Anexo II, “para todos los inmuebles en los que se prevé aplicar el corte” del servicio. Además, dispuso que si en algún hogar ya se interrumpió el suministro, este sea restablecido de manera inmediata cuando se compruebe que allí habita un niño, un adulto mayor o una persona con discapacidad.
“Es improcedente”
La magistrada remarcó que resulta “improcedente” cortar el agua potable cuando la morosidad del usuario responda a una situación de vulnerabilidad social o cuando se trate de personas que requieran una especial tutela jurídica por encontrarse en imposibilidad real de pago.
También señaló que su decisión armoniza con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que protege el acceso al agua como parte del derecho al ambiente sano, así como con los estándares internacionales de derechos humanos.
Las asociaciones demandantes solicitan que, en una futura sentencia de fondo, se declare la nulidad absoluta e insanable del DNU, por considerar que implica una “regresión normativa” que afecta al medio ambiente y vulnera derechos fundamentales vinculados con la vida, la salud y la seguridad de los usuarios.
El decreto cuestionado modificó sustancialmente el régimen establecido por la Ley N° 26.221, incorporando la posibilidad de interrumpir, por falta de pago, los servicios de agua potable y desagües cloacales a usuarios residenciales, algo que antes estaba limitado a no residenciales y no incluía el corte de cloacas.