La Justicia intimó al Gobierno por incumplimientos en la Ley de Discapacidad
La Justicia federal intimó al Gobierno nacional a demostrar avances concretos en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Juzgado Federal de Campana otorgó un plazo de cinco días hábiles para que el Estado presente documentación que acredite el cumplimiento efectivo de la norma y advirtió que no aceptará informes genéricos ni promesas sin respaldo material.
La medida se dictó en el marco de un amparo colectivo presentado contra el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud por las demoras en la implementación de la ley. La causa se inició a partir de la presentación de un padre en representación de sus hijos y luego sumó el acompañamiento de organizaciones civiles y del Ministerio Público, consolidando el alcance colectivo del reclamo.
El juez Adrián González Charvay fue enfático al señalar que no serán válidos informes basados únicamente en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos” que no cuenten con documentación verificable. Además, la resolución incluye un apercibimiento expreso: si el Gobierno no cumple con lo ordenado, el juzgado podrá aplicar sanciones, incluso multas de carácter personal.
Si bien el Estado apeló la decisión judicial, el recurso fue concedido con efecto devolutivo, lo que implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata con la intimación dispuesta.
En el expediente intervienen la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores. Para que el cumplimiento sea considerado válido, la Justicia exige, entre otros puntos, la actualización de los aranceles a prestadores con vigencia desde enero de 2025, la presentación de un plan de pago de las compensaciones adeudadas, la apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas y la publicación del decreto reglamentario de la ley, que acumula un atraso de tres meses.
El juzgado también estableció una fecha límite para la plena ejecución de la norma: el 4 de febrero de 2026. Para entonces, el sistema deberá encontrarse plenamente operativo, con aranceles liquidados, planes de pago en marcha y el marco reglamentario vigente. Como parte del control judicial, una auditoría incorporada al expediente confirmó que el trámite administrativo correspondiente no registra avances desde el 3 de enero de 2026.