La reforma de Milei se desmorona: restablecieron organismos que había eliminado
El intento del Gobierno de Javier Milei de reestructurar el Estado sufrió un nuevo revés. Tras el rechazo legislativo, quedaron sin efecto las fusiones, disoluciones y modificaciones de distintos organismos públicos que habían sido impulsadas por decretos anteriores. La medida se formalizó este martes a la madrugada en el Boletín Oficial con la publicación de los decretos 627/2025 y 628/2025.
El Decreto 627 restituyó la validez de las normas modificadas por los decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25, lo que implica, entre otros puntos:
Se anula la unión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
El Banco Nacional de Datos Genéticos deja de estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Se revierte la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional del Tránsito y la Dirección Nacional de Vialidad.
Se repone la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
También volvieron a sus funciones originales el Teatro Nacional Cervantes, el INTA, la Secretaría de Innovación, la Agencia de Control de Concesiones de Transporte y la Secretaría de Hacienda. Hasta que se normalice el funcionamiento administrativo, las áreas quedarán bajo la gestión provisoria de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía.
En paralelo, el Decreto 628/2025 dejó sin efecto las reformas al régimen de la Marina Mercante Nacional, que había sido declarado “servicio esencial” en mayo. Con esta decisión, se anulan las disposiciones que obligaban a garantizar el 75% de los servicios en contextos de paro, así como la flexibilización en la contratación de personal y la reducción de trámites.
La marcha atrás se explica por el rechazo del Senado, que el 21 de agosto votó en contra del paquete de desregulaciones del Ejecutivo. Durante el debate, la oposición cuestionó la falta de fundamentos para cerrar organismos estratégicos —como Vialidad Nacional— bajo el argumento de combatir la corrupción.