Las empresas rechazaron el ajuste del FMI y exigen podar impuestos locales
La discusión sobre el futuro del sistema impositivo en Argentina ingresó en una etapa de definiciones con dos diagnósticos contrapuestos sobre la mesa. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presiona para ensanchar la recaudación nacional mediante una expansión de la base tributaria. Por el otro, las principales cámaras del sector privado —lideradas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)— alertan que el verdadero lastre para la competitividad y el empleo no radica en los tributos federales, sino en la feroz presión fiscal subnacional.
La brecha entre ambos programas determina de manera directa quién soportaría el costo económico de una eventual reestructuración:
El plan de eficiencia del FMI: foco en el consumo y los ingresos
Tras la segunda revisión de su programa, el organismo internacional apunta a robustecer la recaudación fiscal sin crear nuevos gravámenes, pero eliminando exenciones y ampliando el universo de contribuyentes alcanzados por las obligaciones nacionales. Las recomendaciones se concentran en tres ejes:
Impuesto a las Ganancias: El Fondo considera baja la recaudación argentina por Ganancias de personas humanas en la comparativa global. Propone reducir el piso impositivo para que al menos el 20% de los asalariados formales vuelva a pagar el tributo (el nivel de 2019). Esto implicaría que cerca de un millón de trabajadores se sumen al 14% que hoy tributa de forma efectiva.
Monotributo: Para el FMI, el régimen simplificado posee una carga efectiva muy inferior al régimen general. Busca "alinear tasas efectivas y contribuciones sociales", advirtiendo que el potencial de recaudación del Monotributo podría pasar del actual 0,14% del PBI al 1% del PBI.
IVA: El plan contempla reducir exenciones y ampliar las bases imponibles, matizando el impacto en los sectores más postergados mediante esquemas de compensaciones focalizadas para hogares vulnerables.
El reclamo corporativo: el laberinto de las tasas locales
Para el entramado productivo, las prioridades son completamente distintas. CAME y la CAC coinciden en que una reforma tributaria exitosa debe incluir obligatoriamente como sujetos activos a las provincias y municipios. La máxima preocupación empresarial está focalizada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), las tasas comerciales de seguridad e higiene y el impuesto de sellos. Según las entidades pyme, este entramado subnacional representa entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de las compañías, aplicándose de manera regresiva independientemente de los niveles de rentabilidad reales.
El punto más crítico denunciado por el sector privado es el esquema de adelantos tributarios. A través de agresivos regímenes de retención y percepción sobre operaciones corrientes, las agencias de recaudación provinciales absorben fondos que muchas veces superan el impuesto determinado. Esto genera una acumulación crónica de saldos a favor cuya devolución oficial puede demorarse entre uno y tres años. En un contexto de alta inflación, este mecanismo licúa el capital de trabajo de las empresas, obligándolas a financiar involuntariamente a las arcas estatales en detrimento de la inversión productiva.
Ante este escenario, el sector privado exige un nuevo consenso fiscal que establezca límites estrictos a las alícuotas de retención, plazos máximos de devolución, mecanismos automáticos de actualización y una armonización nacional de criterios distributivos.
El sendero desregulador del Gobierno
El debate coincide con la estrategia de alivio fiscal que viene ensayando la administración de Javier Milei. Un informe del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral reveló que durante 2025 se registraron 55 modificaciones tributarias en el país, de las cuales el 91% estuvo orientado a reducir la carga fiscal, con especial foco en la baja de los derechos de exportación y la flexibilización de planes de pago.
A mitad de su mandato, el Ejecutivo exhibe un promedio de emisión de normativa tributaria significativamente inferior al de las gestiones precedentes. La encrucijada actual para el Gobierno será determinar si avanza en el mediano plazo hacia el modelo de ampliación impositiva que exige el frente externo o si convalida el reclamo de flexibilización interna que demanda el aparato productivo local.