Milei implementa nuevos controles para universidades nacionales: En qué consisten
El presidente Javier Milei emitió cuatro decretos, publicados este viernes en el Boletín Oficial, con el objetivo de reforzar los controles sobre los gastos de las 62 universidades nacionales. Las nuevas normativas modifican los sistemas de compras, contrataciones y transparencia presupuestaria de estas instituciones, como parte del ajuste fiscal impulsado desde la Casa Rosada.
¿Qué cambios introducen los decretos de Milei?
El Gobierno Nacional dispuso dos decretos simples, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y uno reglamentario para implementar estas modificaciones. Los puntos principales incluyen:
Uso obligatorio de sistemas nacionales de contratación:
- Las universidades deberán adoptar las plataformas COMPR.AR (para bienes y servicios) y CONTRAT.AR (obra pública), utilizadas por la administración pública nacional. Actualmente, solo 35 instituciones emplean estos sistemas, mientras que universidades como la UBA aún no lo hacen.
Implementación del sistema financiero e-SIDIF:
- Este sistema, gestionado por la Secretaría de Hacienda, permitirá un control más exhaustivo de los gastos universitarios.
Restricción en convenios directos:
- Se eliminan las contrataciones directas entre universidades y organismos públicos, salvo casos en los que las universidades sean el único proveedor disponible.
La respuesta de las universidades
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades nacionales, ha sido informado previamente sobre estas medidas. Si bien aseguran no tener problemas para respetar los decretos, algunas instituciones, como la UBA, expresaron divergencias sobre las nuevas obligaciones.
Desde el CIN critican la medida que limita los convenios directos, ya que podría aumentar los costos al recurrir a consultoras privadas. "En el pasado, las licitaciones públicas llevaron a que consultoras ganaran contratos más caros, subcontratando a nuestros profesores por salarios más bajos", señalaron fuentes del Consejo.
El objetivo del Gobierno: transparencia y competencia
Fuentes oficiales sostienen que estas decisiones buscan "garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos, fomentar la neutralidad y minimizar los riesgos de prácticas ineficientes". Desde el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, se reveló que entre 2022 y 2023 se detectaron más de 2000 convenios universitarios, algunos de los cuales presentaban irregularidades como pagos por consultorías que encubrían servicios tercerizados.
"Estas medidas impulsan la competencia y fortalecen el desarrollo de empresas privadas en detrimento de privilegios irrazonables", afirmaron desde el Gobierno.
Impacto a futuro
Aunque aún no hay un plazo específico para la implementación total de los sistemas, se prevé que las charlas técnicas entre el Gobierno y las universidades incluyan ajustes progresivos. Sin embargo, las casas de estudio han advertido sobre posibles dificultades y han ofrecido sugerencias para minimizar impactos negativos.
En un contexto de ajuste fiscal, las universidades nacionales enfrentan un cambio profundo que redefine su relación con el Estado y los mecanismos de gestión de sus recursos. La adaptación a estas medidas será clave para garantizar su funcionamiento sin comprometer su autonomía.