Milei recortó más de 60 mil empleos públicos y alertan por el impacto en áreas clave
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 el empleo público se redujo en 60.784 cargos, lo que implica un recorte del 17,7% en la dotación total. Las empresas y sociedades del Estado fueron las más afectadas, con miles de cesantías en áreas estratégicas para la infraestructura, la conectividad y los servicios esenciales.
Empresas del Estado, el epicentro del ajuste
El relevamiento detalla que el Correo Argentino encabeza la lista con 5.155 despidos, una caída que impacta directamente en la logística pública, la distribución de documentación oficial, la entrega de materiales educativos y el soporte de los procesos electorales.
La Operadora Ferroviaria S.E. aparece en segundo lugar, con 3.375 bajas en un contexto de retroceso del sistema ferroviario que afecta los costos logísticos y a las economías regionales. Le siguen Banco Nación con 2.069 recortes, Aerolíneas Argentinas con 1.887, Aysa con 1.686 y la ex agencia Télam con 641 trabajadores fuera de la plantilla.
Según el informe, estos números reflejan no solo un ajuste fiscal profundo, sino también un cambio de enfoque respecto al rol del Estado en áreas claves de servicio y soberanía.
Impacto en organismos de ciencia, regulación y administración pública
Dentro de la Administración Pública Nacional, el Conicet es uno de los organismos más golpeados: perdió 1.964 puestos entre investigadores, técnicos y personal de apoyo, afectando la capacidad científica del país.
El ENACOM también figura entre los entes con mayor reducción, con 828 trabajadores menos, lo que limita tareas de fiscalización del espectro radioeléctrico, control regulatorio y promoción de políticas de conectividad e inclusión digital.
Un ajuste que compromete funciones esenciales
De acuerdo con el análisis, la disminución de personal no se traduce en una simple reorganización administrativa, sino que debilita la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales, sostener la infraestructura pública y proteger derechos básicos en múltiples áreas.