Minería ya tiene sede propia en Mendoza y su primer objetivo: aplicar el nuevo código del sector
La nueva sede de la Dirección de Minería de Mendoza fue diseñada para funcionar como una plataforma operativa clave en la implementación del nuevo Código de Procedimiento Minero, una normativa que establece controles permanentes, sistemas de trazabilidad, participación ciudadana, digitalización catastral y criterios de sostenibilidad ambiental.
Desde este edificio se coordinarán acciones destinadas a fortalecer el control institucional sobre la actividad minera, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar el cumplimiento normativo en cada etapa del proceso productivo.
Uno de los espacios centrales de la sede es la sala de monitoreo, equipada con tecnología que permite a la Policía Ambiental Minera supervisar en tiempo real las operaciones mineras, plantas de tratamiento y rutas de transporte de minerales mediante un sistema de cámaras activas las 24 horas. Este seguimiento busca asegurar la trazabilidad completa de la actividad y detectar posibles incumplimientos en tiempo real.
Además, la sede alberga la plataforma digital a través de la cual se gestionarán todos los trámites, inspecciones y procesos administrativos vinculados a la minería. Esta digitalización integral permitirá un acceso más ágil, seguro y transparente a la información, tanto para organismos estatales como para empresas y ciudadanos.
La nueva sede también será el nodo central del Catastro Minero, una herramienta que evita superposiciones de derechos mineros, mejora el acceso a información geológica y ordena la asignación de permisos de exploración y explotación en el territorio provincial.
Otra función clave del edificio será la formación técnica continua. Cuenta con una sala de capacitaciones destinada al personal de la Dirección de Minería y a los agentes de control, donde se dictarán cursos sobre fiscalización, legislación ambiental, seguridad minera y uso de nuevas herramientas tecnológicas.
La puesta en funcionamiento de este espacio se enmarca en el proceso de “modernización institucional” que impulsa el Gobierno provincial, con el objetivo de “consolidar un modelo minero que combine desarrollo económico, control ambiental, participación social y seguridad jurídica.”