Organismos de DD.HH. redoblaron la presión política: “Son 30 mil y exigimos saber dónde están”
En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los principales organismos de Derechos Humanos encabezaron el acto central en la Plaza de Mayo, donde reiteraron su histórica consigna: “Son 30 mil y que nos digan dónde están”, en referencia a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura.
El documento leído —elaborado por las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo— tuvo como figuras destacadas a Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel, quienes estuvieron presentes en primera fila, en una jornada marcada por un fuerte contenido político y simbólico.
Durante la lectura, los organismos expresaron que “la memoria se defiende luchando”, al tiempo que cuestionaron abiertamente la postura del Gobierno nacional, particularmente del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, por relativizar la cifra de desaparecidos.
“Son 30 mil y fue genocidio. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, afirmaron, en uno de los pasajes más contundentes del documento. En ese marco, también vincularon el contexto actual con el pasado, al sostener que existieron —y persisten— proyectos que buscan “convertir a la Argentina en una colonia yanqui”.
El acto incluyó además referencias a la militancia política de los desaparecidos, destacando que “lucharon por una sociedad sin opresión y sin explotación”, y plantearon la necesidad de “recrear la lucha popular” frente al actual escenario político. Estas declaraciones generaron una fuerte reacción entre los manifestantes, que corearon consignas contra el oficialismo, entre ellas: “Milei basura, vos sos la dictadura”.
En términos estructurales, el documento también puso el foco en el impacto económico del Golpe de 1976, al señalar que instauró un modelo basado en la desindustrialización, la primarización de la economía y la apertura indiscriminada de importaciones, acompañado por un esquema de terrorismo de Estado destinado a desarticular la organización social y la participación política.
Asimismo, los organismos recordaron la magnitud del aparato represivo: denunciaron la existencia de 800 centros clandestinos de detención, el robo sistemático de bebés y la tortura y ejecución de la mayoría de los detenidos desaparecidos.
Finalmente, remarcaron que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y advirtieron que la desaparición forzada “no es un tema del pasado, sino del presente”, reafirmando la vigencia del reclamo por memoria, verdad y justicia en la Argentina actual.