Privatizaciones bajo la Ley Bases: el Gobierno apunta a recaudar US$2.000 millones
El Gobierno nacional decidió acelerar el programa de privatizaciones y concesiones de empresas públicas con el objetivo de recaudar alrededor de US$2.000 millones antes de fin de 2026. La estrategia, respaldada por la Ley Bases, forma parte del plan oficial para fortalecer reservas, reducir el riesgo país y dar mayor certidumbre a los mercados financieros.
Según el Ministerio de Economía, el proceso de desinversión del Estado en compañías estratégicas es una pieza central para mejorar el frente externo y afrontar los compromisos de deuda. En paralelo, el Ejecutivo busca que el ingreso de divisas contribuya a reforzar las reservas del Banco Central en un contexto de tensiones financieras.
Entre las operaciones más avanzadas se encuentran las de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) y Transener, que concentran parte de las expectativas de recaudación inicial. En el caso de AySA, el Gobierno ya aprobó contratos de concesión por 30 años para la provisión del servicio de agua y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Esta operación podría generar cerca de US$500 millones.
En paralelo, la privatización de Transener, a través de su controlante Citelec, ya recibió ofertas formales. Entre ellas se destaca la propuesta de un consorcio integrado por Edison Energía y Genneia, que ofertó US$356,1 millones por el 50% de las acciones.
El plan oficial también incluye la reestructuración de Enarsa, con la intención de dividir la empresa y vender sus unidades de negocio por separado. Parte de sus activos ya fueron transferidos, como la operación vinculada al gasoducto de Vaca Muerta, actualmente en manos de TGS. Además, se prevé avanzar con la concesión de centrales térmicas y proyectos hidroeléctricos.
Otro eje del programa es la privatización total de Belgrano Cargas y Logística, bajo un esquema de “open access”, con licitaciones separadas para sus principales ramales ferroviarios. En tanto, la empresa Intercargo, dedicada a servicios de rampa en aeropuertos, también forma parte del paquete de venta total, con una valuación estimada de hasta US$400 millones.
Si bien el Gobierno proyecta un ingreso significativo de dólares, en el equipo económico reconocen que la mayor parte de los fondos se concretaría recién en el segundo semestre de 2026. Esto obliga a recurrir a financiamiento adicional para cubrir vencimientos de deuda cercanos a US$4.200 millones en julio.
Como novedad, el Ejecutivo evalúa destinar el 10% de lo recaudado por privatizaciones y venta de activos estatales a inversiones en defensa, mediante un decreto en preparación.
Desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, su titular Diego Chaher ratificó el rumbo del programa al señalar que el objetivo es avanzar hacia un esquema donde el Estado “se retire de todas las empresas”. Con ese marco, el Gobierno busca reconfigurar el mapa de empresas públicas en Argentina antes de que finalice el actual ciclo económico.