Qué reveló la inspección judicial en el penal Almafuerte, luego de las denuncias de los presos
La situación del complejo penitenciario Almafuerte I volvió a quedar bajo análisis judicial luego de que el juez Diego Flamant recorriera las instalaciones para verificar una serie de denuncias realizadas por internos a través de un habeas corpus colectivo.
Tras la inspección, el magistrado resolvió rechazar el planteo al considerar que tanto el servicio de agua potable como la atención médica funcionan de manera adecuada dentro del establecimiento. Durante la recorrida constató el funcionamiento de los surtidores, las duchas con agua caliente y los mecanismos de asistencia sanitaria.
Sin embargo, el juez sí advirtió problemas vinculados a la superpoblación carcelaria. En ese sentido, pidió a las autoridades penitenciarias reorganizar el alojamiento de los internos y avanzar con la provisión de colchones, mantas y camastros para quienes aún no cuentan con esos elementos.
Además, recomendó agilizar el ingreso de visitas, ampliar los espacios de recreación y garantizar condiciones de igualdad para el colectivo trans alojado en el penal.
Respecto al retiro de celulares dentro de las cárceles, Flamant sostuvo que los internos mantienen vías alternativas de comunicación con familiares y abogados, por lo que consideró que no existe una situación de incomunicación.
Actualmente, Almafuerte I alberga cerca de 2.000 personas privadas de libertad y uno de los principales desafíos señalados por la Justicia continúa siendo la capacidad de alojamiento del establecimiento.