Qué significa la media sanción a la ley que agiliza la recuperación de casas del IPV
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles un proyecto de ley que modifica distintos procedimientos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para agilizar la recuperación de viviendas sociales adjudicadas a beneficiarios que registren mora prolongada, abandono del inmueble o un uso distinto al previsto por la normativa.
La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en el Senado provincial para convertirse en ley.
Qué cambia con la nueva normativa
El proyecto apunta a acelerar los mecanismos administrativos que permiten al IPV recuperar viviendas que, según el Ejecutivo, han dejado de cumplir con su función social.
La propuesta se enmarca en una serie de acciones que ya viene desarrollando el organismo, que recientemente inició procesos para recuperar unas 50 viviendas cuyos adjudicatarios acumulan más de siete años sin pagar las cuotas correspondientes.
Desde el Gobierno sostienen que la medida permitirá reasignar esas propiedades a familias que actualmente permanecen en lista de espera para acceder a una vivienda social.
El respaldo de la mayoría y el rechazo del PJ
La iniciativa fue acompañada por la mayoría de los bloques legislativos, mientras que el peronismo votó en contra.
Durante el debate, los legisladores justicialistas plantearon que la norma no contempla adecuadamente la situación de numerosas familias que dejaron de pagar como consecuencia del deterioro económico y la pérdida de ingresos, más que por una decisión voluntaria de incumplir.
En ese sentido, reclamaron que se incorporen herramientas para evaluar cada caso particular antes de avanzar con la desadjudicación de las viviendas.
El argumento del Gobierno: garantizar la función social de la vivienda
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo recordó que el IPV es el organismo encargado de ejecutar las políticas de vivienda social en la provincia y que estas se basan en el principio de la función social de la propiedad.
Según el texto, las viviendas construidas o financiadas por el Estado deben destinarse efectivamente a resolver necesidades habitacionales de sectores que no pueden acceder al mercado inmobiliario formal.
La iniciativa sostiene que se han detectado casos de mora persistente, abandono de inmuebles y otras situaciones que desvirtúan ese objetivo y afectan a miles de mendocinos que esperan acceder a una vivienda.
El próximo paso: el debate en el Senado
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto ingresará ahora a la Cámara de Senadores, donde continuará su tratamiento legislativo.
Si obtiene aprobación definitiva, el IPV contará con nuevas herramientas para acelerar los procesos de recuperación y reasignación de viviendas sociales, en una medida que promete generar debate entre quienes priorizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y quienes advierten sobre el impacto de la situación económica en los adjudicatarios.