Reglamentaron la emergencia en discapacidad: qué cambiará para 90.000 mendocinos
La reglamentación de la Ley Nacional N° 27.793 puso en marcha la emergencia en discapacidad en todo el país y, en principio, su aplicación es inmediata en las provincias. En Mendoza, la medida impacta directamente en unas 90.000 personas con discapacidad y en el sistema de prestaciones que las asiste.
La norma introduce cambios centrales en materia de pensiones, regularización de deudas y financiamiento para prestadores de servicios, además de redefinir la autoridad de aplicación tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Uno de los ejes principales es la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que reemplaza al régimen actual de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Este nuevo beneficio es personalísimo, inembargable y no transferible, y se mantiene vigente mientras persistan las condiciones que dieron origen a su otorgamiento.
Las pensiones actualmente vigentes pasarán automáticamente al nuevo régimen, aunque se prevé una verificación posterior para confirmar que los beneficiarios continúen cumpliendo los requisitos. ANSES estará a cargo de la liquidación y el pago. El beneficio podrá extinguirse por fallecimiento, renuncia, ausencia prolongada del país sin registro o condenas penales de determinada gravedad.
La ley también incorpora un régimen especial de regularización de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, correspondiente a obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025. El esquema prevé la condonación total de intereses si la deuda se cancela de contado o mediante planes de pago, y la eliminación de multas por infracciones formales o materiales, siempre que se cumpla con la obligación principal dentro del plazo previsto.
Otro punto clave es la compensación económica de emergencia para los prestadores de servicios vinculados al sistema de atención a personas con discapacidad. La medida alcanza a quienes facturaron prestaciones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, siempre que no hayan recibido sanciones firmes en los últimos dos años. El Ministerio de Economía definirá el cronograma de pagos y podrá descontar de esas compensaciones eventuales deudas con el Estado.
En el plano institucional, la autoridad de aplicación pasa a ser la Secretaría Nacional de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud. Este organismo deberá definir nuevos lineamientos para el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto al Consejo Federal de Discapacidad y poner en marcha auditorías periódicas para reforzar la transparencia y el control del sistema.
Si bien la reglamentación establece que la ley tiene vigencia inmediata, en Mendoza aún se analiza su alcance y puesta en práctica. Distintos organismos advierten que la implementación efectiva dependerá de los recursos disponibles y de la articulación entre Nación y provincias, en un contexto atravesado por limitaciones presupuestarias.
La normativa también prevé que nuevas medidas acordadas en el Consejo Federal de Discapacidad se apliquen mediante esquemas de cofinanciamiento, lo que vuelve a poner en debate el rol de las provincias en la sostenibilidad del sistema.