Trabajadores viales preparan una marcha al Congreso para frenar el cierre de Vialidad Nacional
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) encabezará el próximo jueves 21 de agosto una movilización hacia el Congreso Nacional para exigir que el Senado rechace de forma definitiva el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 461/2025, con el que el Poder Ejecutivo dispuso el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La medida, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados para ser anulada, se encuentra actualmente bajo tratamiento en la Cámara alta. En paralelo, un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín mantiene suspendida su aplicación durante seis meses, al considerar que la DNV —creada por decreto ley— es un ente autárquico cuya disolución no puede disponerse por decreto.
Riesgos para la seguridad y las economías regionales
En un documento entregado a las autoridades del Senado, la conducción del gremio que lidera Graciela Aleñá advirtió que el deterioro del estado de las rutas nacionales “representa un serio riesgo para la seguridad vial” y que la eliminación del organismo “pone en peligro vidas humanas, la conectividad entre provincias y países del MERCOSUR, así como el desarrollo de las economías regionales”.
El escrito también cuestiona el informe del Ministerio de Transporte que sirvió de sustento al DNU, al que califica como un trabajo con “inexactitudes, datos falsos y apreciaciones subjetivas sin rigor ni fundamento técnico”. Según el sindicato, ese informe omite casi 50 funciones esenciales que realiza la DNV, entre ellas el control de peso y dimensiones de vehículos, la evaluación de pavimentos y las tareas de mantenimiento y señalamiento.
Costos y consecuencias de la privatización
El gremio advirtió que reemplazar la labor de Vialidad por contrataciones externas implicaría para el Estado un gasto entre 15% y 50% mayor. A esto se suma —denuncian— la retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles y la desfinanciación presupuestaria durante 2024 y lo que va de 2025, situación que “acelera el deterioro de las rutas” con impacto directo en la transitabilidad y la seguridad.
Un reclamo por el rechazo definitivo
Mientras la Justicia define el futuro del decreto, los trabajadores viales buscan que el Congreso deje sin efecto la norma a través de la sanción de ambas cámaras. La marcha del jueves será, según el STVyARA, “una demostración de que el cierre de Vialidad Nacional no solo es ilegal, sino que atenta contra la seguridad, la conectividad y el desarrollo del país”.