Fondo de Cese Laboral: cómo funcionará el nuevo sistema para desvinculaciones laborales
El Gobierno oficializó la reglamentación del nuevo Sistema de Fondo de Cese Laboral, un mecanismo que ofrece una alternativa al esquema tradicional de indemnización por despido, vigente en la Ley de Contrato de Trabajo. La medida quedó formalizada mediante el decreto 847/2024 y será incorporada a las Convenciones Colectivas de Trabajo como una opción complementaria, de carácter voluntario.
El sistema habilita a empleadores y trabajadores a acordar previamente la creación de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), destinados exclusivamente a cubrir los costos vinculados con eventuales desvinculaciones laborales. Su implementación dependerá de la negociación entre las partes y no reemplazará de forma automática el régimen indemnizatorio vigente.
Los aportes al fondo podrán ser realizados tanto por los empleadores como, eventualmente, por los trabajadores. Estos recursos serán inembargables mientras permanezcan en custodia y quedarán a libre disposición del trabajador en caso de concretarse su desvinculación. Además, las entidades administradoras tendrán margen para definir sus políticas de inversión, priorizando la seguridad y liquidez de los activos.
El esquema contempla la posibilidad de crear fideicomisos que agrupen a varios empleadores, una opción pensada para pequeñas y medianas empresas que buscan simplificar la operatoria. Los rendimientos obtenidos no se computarán como salario, lo que exime estos fondos de cargas sociales y contribuciones patronales, ofreciendo así un incentivo adicional desde el punto de vista fiscal.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) elaboró una guía operativa que establece las condiciones para la inscripción, funcionamiento y control de estos instrumentos financieros. El desarrollo de esta normativa respondió a recomendaciones de organismos internacionales que promueven la expansión del mercado de capitales argentino.
La adopción del Fondo de Cese Laboral dependerá de las futuras rondas de negociación colectiva. Mientras algunos sindicatos evalúan su viabilidad, distintos sectores empresariales analizan sus impactos contables y fiscales, en un contexto de reformas que buscan modernizar las relaciones laborales en el país.