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Legislación

Proyecto para una Ley Federal Audiovisual

El texto fue trabajado durante dos años y medio por el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) e introducido en la Cámara baja a fines de diciembre con el respaldo de 19 diputados del FdT, dos de la UCR, uno del Frente Renovador y otro de Encuentro Federal.

LEY AUDIOVISUAL

El federalismo suele ser una cuenta pendiente en el campo cultural porque los focos casi siempre están orientados a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores como punto neurálgico de las políticas públicas. Saldar esa deuda es uno de los objetivos que persigue el proyecto de ley federal para la industria audiovisual presentado por un grupo de diputados nacionales encabezados por Gabriela Pedrali (La Rioja - Frente de Todos). El texto, que enarbola el federalismo y la equidad como pilares fundamentales para impulsar la producción audiovisual a nivel nacional, fue trabajado durante dos años y medio por el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) e introducido en la Cámara baja a fines de diciembre con el apoyo de 23 legisladores: 19 del FdT, dos de la Unión Cívica Radical, uno del Frente Renovador y otro de Encuentro Federal.
Nuevas realidades demandan nuevas normativas. La comunidad audiovisual viene pidiendo desde hace varios años modificar la Ley de Cine 17.741 vigente en la actualidad y sancionada en 1994, porque no contempla el creciente avance tecnológico que llegó de la mano de las plataformas conocidas como OTTs (Over The Top) y que cambió radicalmente la comunicación social y audiovisual. Tal como sostuvo el EAN, “la evolución de estos medios y sus contenidos audiovisuales han roto las barreras entre los diferentes canales de exhibición”, ya que “las producciones audiovisuales circulan indistintamente por las salas cinematográficas, los canales de TV abierta, los canales de cable, las plataformas de Internet y circularán en el futuro por otros canales de comunicación que hoy no se pueden siquiera imaginar”.

El texto de los noventa modificaba aquel promulgado en la década del '50: se erigió como modelo legislativo para otros países y constituyó uno de los elementos claves a la hora de posicionar a la industria audiovisual argentina en el mundo, no sólo porque permitió la creación de miles de puestos de trabajo sino también porque logró que las producciones locales tuviesen visibilidad en festivales internacionales y pudieran ser consideradas en las categorías de algunos de los premios más prestigiosos. Según el documento difundido, el proyecto está orientado a “una defensa y un impulso a la producción audiovisual argentina, aborda el federalismo y la equidad como pilares de representatividad y distribución de recursos”.

El escenario audiovisual cambió sustancialmente en muy poco tiempo: hace dos décadas la única variable a regular era una cadena de valor que involucraba a productoras, distribuidoras y exhibidoras. Hoy, en cambio, existe un vasto ecosistema ya consolidado con varias plataformas de streaming que ofrecen diversos servicios audiovisuales y carecen de toda regulación. Regular empresas transnacionales como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+ o HBO Max (ahora en pleno proceso de cambio) supone un verdadero desafío en términos jurídicos. La cuestión tributaria para el fomento de la actividad es uno de los ejes más importantes que aborda el proyecto de ley presentado a fines del año pasado, que espera tratamiento formal en 2023.

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Entre las modificaciones más importantes que propone el texto figuran la creación del Consejo Federal de Cine y las Artes Audiovisuales (CoFeCAA), un organismo interjurisdiccional destinado a concertar, acordar y planificar la política audiovisual nacional; la conformación de un directorio del organismo de gerenciamiento que estará integrado por profesionales idóneos del área y delegados culturales de distintos puntos del país con participación equitativa; el direccionamiento del 25% de los fondos para producción, distribución y exhibición a proyectos generados por las provincias; el aumento del Fondo Nacional de Fomento del Cine y de las Artes Visuales; la extensión de la cuota de pantalla obligatoria (cantidad de producciones nacionales) a las plataformas de streaming y otros medios que se implementen en el futuro; y la creación de recursos específicos para producciones de directoras y diversidades. Con respecto al incremento del Fondo de Fomento, es necesario aclarar que no se establecerá un nuevo impuesto ni se encarecerá el servicio de streaming para los usuarios sino que se modificará la distribución: el texto prevé que el 11% del Impuesto al Valor Agregado sea destinado al fisco y el 10% al Fondo.

Pedrali expresó que el proyecto de ley presentado es “producto de la articulación de muchos esfuerzos y trabajo en conjunto” que vienen realizando desde hace más de dos años junto a las distintas organizaciones del campo cinematográfico que conforman el EAN y destacó que se trata de una oportunidad para tener “una verdadera industria nacional audiovisual que pueda trascender al mundo porque hoy el mercado no son sólo las salas cinematográficas, sino que es el mundo en una plataforma”.

Desde lo conceptual, la diputada riojana aseguró que el principal objetivo es promover una industria nacional del audiovisual y defender la identidad cultural a través de “un organismo de gerenciamiento federal y equitativo, un incremento del Fondo de Fomento y una cuota de pantalla”. La necesidad de actualizar la normativa a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías es lo que impulsó este proyecto que propone “una distribución federal y democratizadora de los recursos, con una equidad de género que hoy la sociedad está demandando”.

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En agosto de 2022 el EAN había difundido un diagnóstico de la situación que señalaba como principales desafíos la falta de recursos frente a las propias limitaciones del mercado nacional y la competencia con la industria estadounidense, la necesidad de garantizar la distribución equitativa de recursos entre las diversas clases de producciones, y también la importancia del acceso a las pantallas de exhibición o transmisión de obras nacionales. Las modificaciones de la norma vigente buscan brindar una respuesta ante un paradigma tecnológico que hoy no está comprendido en la ley 17.741. Se trata de una iniciativa promisoria que habrá que seguir en el Congreso. Fue presentada por Pedrali junto a Mónica Litza y Margarita Stolbizer (Buenos Aires); Graciela Parola (Formosa); Carolina Moises, Jorge Rizzotti y Gustavo Bouhid (Jujuy); Silvana Ginocchio (Catamarca); Juan Manuel Pedrini (Chaco), y Pamela Calletti (Salta).

Otros diputados que apoyan el documento son Lucas Godoy y Lía Caliva (Salta); Nancy Sand y Jorge Romero (Corrientes); Anahí Costa (Catamarca); María Luisa Montoto (Santiago del Estero); Nelly Daldovo (Formosa); Ana Gaillard (Entre Ríos); Ricardo Herrera y Sergio Casas (La Rioja); Fabiola Aubone (San Juan); Liliana Paponet (Mendoza), y Natalia Souto (Buenos Aires).

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