TRAS LOS INCIDENTES
El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en Avellaneda, terminó suspendido por una escalada de violencia entre hinchas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, reaccionó en su cuenta de X: “Dada la gravedad del inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que viaje a Buenos Aires para acompañar a los heridos y revisar la situación de los detenidos.” Añadió: “La violencia no tiene justificación, y protegeremos los derechos de nuestros ciudadanos.”
Los incidentes comenzaron cuando hinchas de Universidad de Chile, ubicados en la Tribuna Sur Alta, destrozaron un cuarto de limpieza, arrancaron butacas, rompieron baños y usaron palos, botellas y otros objetos como proyectiles contra los hinchas de Independiente en la Tribuna Sur Baja.
También incendiaron asientos y arrojaron bombas de estruendo. Tras varios avisos por altoparlantes, la policía intentó desalojar a los visitantes, pero la situación escaló con la irrupción de una facción disidente de la barra de Independiente, que atacó a los hinchas chilenos restantes en una brutal cacería, dejando heridos graves, algunos desnudados y uno cayendo desde la tribuna.
El partido, empatado 1-1, se detuvo a los dos minutos del segundo tiempo por la entrada de hinchas al campo, algunos heridos. Tras 20 minutos de espera y sin garantías de seguridad, el árbitro Gustavo Tejera suspendió el encuentro, que favorecía a Universidad de Chile (2-1 en el global). La CONMEBOL derivó el caso a su Comisión Disciplinaria para evaluar sanciones, tras un previo apercibimiento al club chileno por incidentes similares.
El operativo de seguridad, con 650 policías y 150 agentes privados según Aprevide, no logró contener la violencia, que dejó al menos 10 heridos (tres graves) y más de 90 detenidos, mayormente chilenos. Boric ordenó a Elizalde trabajar con la Embajada, el Consulado y la Cancillería para garantizar atención médica y respeto a los derechos de los afectados.
