INVESTIGACIÓN EN CURSO
El presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado por la Justicia a salir del país. Se trata de un viaje de tres días al exterior para asistir a un encuentro de la Conmebol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol.
El planteo tuvo lugar en el marco de la prohibición de salida del país dispuesta por el juez Diego Amarante, quien además lo citó a indagatoria en la causa por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social. Por esto, Amarante habilitó el viaje, pero fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender temporalmente la prohibición de salida del país.
El dirigente de la AFA viajará a Barra da Tijuca y luego se dirigirá a Barranquilla, en Colombia, con regreso el 28 de febrero a la Argentina. El 5 de marzo, Tapia deberá presentarse ante el magistrado y, al día siguiente, deberá hacerlo el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La medida también incluye a Gustavo Lorenzo, exsecretario general de la AFA, al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
La causa iniciada por ARCA acusa a la entidad argentina de fútbol de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
La denuncia original se basa en los periodos investigados que abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
En ese tiempo, de acuerdo a la demanda, hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en el plazo correspondiente. En una ampliación posterior, el organismo sumó otros $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera así los $19.300 millones.
Sobre esto, el ARCA aseguró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos".
