LIGA PROFESIONAL
Rodolfo D'Onofrio, Presidente de River Plate, y Sergio Rapisarda, Presidente de Vélez Sarsfield, quedaron formalmente imputados por el exceso de público en los partidos de fútbol del último fin de semana. Ambos fueron responsabilizados como máximas autoridades de la Comisión Directiva de cada uno de sus clubes.
Los delitos, que contemplan penas de prisión de hasta dos años, también pueden alcanzar a otros integrantes de ambas conducciones. Así lo confirmó el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, tras los allanamientos que se realizaron el lunes en el Estadio Monumental.
La fiscalía a cargo de Ramírez había imputado a las comisiones directivas de ambos clubes por haber permitido que ingresaran más concurrentes del 50% autorizado.
El fiscal general Mahiques explicó que, además del artículo 205 del Código Penal (que reprime la violación de normas dispuestas para controlar una pandemia), los directivos de ambos clubes pudieron haber infringido el artículo 239 de esa misma ley, que castiga a quien desobedeciere o se resistiera a una indicación de un funcionario público.
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River, con Rodolfo D"Onofrio como cara visible, registró el ingreso de 787 personas de más al estadio Monumental para presenciar el superclásico ante Boca Juniors por la Liga Profesional luego de la polémica generada a partir de la percepción visual de que en Núñez se habilitó más del 50% por ciento del aforo.
"No hubo incumplimiento del aforo, cumplimos todos los protocolos correspondientes y presentaremos todas las pruebas en la Justicia. Nos tomó de sorpresa todo esto porque fuimos muy prolijos", se defendió Rapisarda en declaraciones al portal Doble Amarilla.
Y agregó que "el público habilitado era de 16.300" y que esa cifra "no se alcanzó": "Todos los socios y abonados a palcos tenían un código QR y se los chequeaba en cada uno de los accesos", explicó el mandatario del "Fortín".
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Las figuras que pesan sobre ambos dirigentes -como cabezas de sus respectivas comisiones directivas- son las mismas que se vienen aplicando en todos los casos de infracciones a la normativa dispuesta a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) desde el inicio de la pandemia en todos los fueros judiciales del país.
Durante el allanamiento que se realizó el lunes en River Plate secuestaron cámaras de seguridad, servidores donde quedaron alojadas las imágenes del sistema de monitoreo, registros de los molinetes y documentación sobre el personal estable y contratado para el operativo de acceso a las gradas.
Hasta anoche, el Estadio José Amalfitani, de Vélez, no había sido allanado pero fuentes de la fiscalía a cargo de Ramírez no descartaron una medida de esa naturaleza.
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