Una investigación periodística expuso que la Asociación del Fútbol Argentino transfirió al menos USD 42 millones a sociedades registradas en el estado de Florida que no declararon actividad comercial ni empleados. Las operaciones se realizaron a través de cuentas bancarias en Estados Unidos y forman parte de un circuito financiero que, en los últimos años, movió más de USD 260 millones.
El eje del esquema fue una empresa privada que actuó como agente comercial en el exterior, encargada de cobrar ingresos por sponsorización, derechos televisivos y partidos amistosos, administrar pagos y luego girar fondos a la AFA. Según la investigación, el dinero circuló por cuentas en bancos internacionales como Bank Of America, Citibank y JP Morgan, sin que exista un detalle claro sobre el destino final de parte de esos recursos.
Una porción relevante de los fondos terminó en sociedades de responsabilidad limitada que presentan características típicas de empresas fantasma: domicilios virtuales, ausencia de personal y titulares sin antecedentes empresariales acordes al volumen de dinero recibido. Algunas de estas firmas incluso habrían percibido transferencias luego de ser disueltas, lo que profundizó las sospechas.

En paralelo, parte del flujo financiero se canalizó a través de intermediarios para operaciones con bonos y cambio de divisas, pasando por distintas jurisdicciones. Sin embargo, en los balances oficiales presentados ante la Inspección General de Justicia, la información aparece parcialmente reflejada, sin desagregar la totalidad de las operaciones ni identificar a todos los beneficiarios involucrados.
La situación derivó en una investigación judicial por presunto lavado de dinero, que busca determinar la trazabilidad de los fondos y establecer si existió un mecanismo para ocultar el verdadero destino de los activos. El foco está puesto en el rol de intermediarios, la utilización de estructuras societarias opacas y la falta de correspondencia entre los montos transferidos y la capacidad económica de los receptores.
Desde la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Chiqui Tapia, defendieron la gestión financiera y sostuvieron que la operatoria internacional respondió a restricciones cambiarias locales. No obstante, la falta de transparencia en el circuito de pagos mantiene abiertos los interrogantes y alimenta el avance de la causa judicial.



