IMPUESTOS 2026
El sistema fiscal de Mendoza inicia 2026 con cambios que buscan mayor equidad, alivio para ciertos contribuyentes y un traslado de la presión tributaria hacia impuestos patrimoniales. Las modificaciones impactarán principalmente en el impuesto automotor, inmobiliario y la implementación de la contribución por mejora para recuperar parte de la inversión en obras públicas.
Impuesto automotor
Este año será el último en que pagarán el tributo los autos anteriores a 2005 y las motos con avalúo inferior a $10 millones; a partir de 2027 quedarán exentos de manera permanente. Para el resto del parque automotor, las alícuotas no cambian, y cualquier variación en las boletas se relacionará únicamente con la actualización del valor de mercado según tablas oficiales de referencia. En algunos casos, incluso, el valor real de los vehículos bajó debido a que el crecimiento de precios estuvo por debajo de la inflación.
Impuesto inmobiliario
En el segmento urbano, que comprende unas 530.000 parcelas, no se esperan cambios estructurales. Los ajustes se asociarán principalmente a la evolución de los valores de mercado, combinando costo de construcción y valor del terreno, con incrementos promedio del 40%, variables según zona y tipo de propiedad.
El cambio más relevante se dará en el segmento rural, donde la actualización de valores de tierras que no se revisaban desde hace más de 30 años corregirá distorsiones. Las parcelas cercanas a zonas urbanas o en expansión tendrán aumentos superiores al promedio, aunque la mayoría seguirá tributando el mínimo, fijado en $45.000.
Los terrenos que se rezonifiquen de rurales a urbanos o suburbanos pasarán a pagar impuestos comparables a los de viviendas similares, buscando equidad fiscal para propiedades con valor de mercado equivalente.
Contribución por mejora
Una novedad será la implementación de la contribución por mejora, destinada a inmuebles beneficiados por obras públicas, como rutas o infraestructura vial. El mecanismo permitirá al Estado recuperar hasta el 20% del costo de la obra en un plazo de 10 años, con un tope equivalente al 20% del impuesto inmobiliario de cada propiedad. La iniciativa busca que la inversión pública genere una participación justa del Estado sobre la plusvalía generada, práctica común en otros países pero inédita en Mendoza.
En conjunto, las medidas buscan modernizar la fiscalidad provincial, reducir la carga sobre tributos que afectan la actividad económica y avanzar hacia un sistema más equitativo y sostenible.
