PRESIÓN FISCAL
La morosidad se convirtió en una señal de alarma en la economía argentina. Según un informe del Banco Provincia, el 14,3% de los préstamos a hogares ya se encuentra en situación irregular, en un contexto marcado por la caída de la actividad y la pérdida de poder de pago.
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que los datos de febrero reflejaron un freno en la economía. En ese escenario, especialistas advierten que cada vez más contribuyentes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones impositivas, especialmente en los sectores más chicos.
De acuerdo con asesores tributarios consultados, existe una fuerte diferencia entre grandes empresas y pequeños contribuyentes. Mientras los primeros mantienen niveles de cumplimiento relativamente estables, autónomos, profesionales y pymes muestran mayores complicaciones, sobre todo en rubros como comercio e industria.
Para evitar caer en mora, muchos recurren a planes de pago, que funcionan como un alivio momentáneo. Sin embargo, presentan limitaciones: tienen tasas elevadas, condiciones estrictas y, si se interrumpen, no siempre permiten reingresar. En algunos casos, la deuda puede judicializarse en apenas 60 días, con riesgo de embargo.
A nivel provincial, la situación se vuelve más compleja para los agentes de retención, que deben ingresar impuestos mientras acumulan saldos a favor que no siempre pueden compensar. Esto genera una paradoja financiera que incrementa el riesgo de sanciones.
El escenario se agrava con el aumento de multas e intimaciones, impulsado por cambios normativos recientes. Así, con menos ingresos, mayor presión fiscal y herramientas limitadas para regularizar deudas, especialistas advierten sobre una tendencia creciente de incumplimientos y reclaman más facilidades de pago y nuevas moratorias.
