Dólares del colchón: la polémica por las multas que prevé la ley de Inocencia Fiscal
El proyecto de Inocencia Fiscal, que el Gobierno busca convertir en ley antes de fin de año, abrió una fuerte controversia por el salto exponencial en las multas automáticas que se aplican ante incumplimientos formales. De aprobarse el texto sin cambios, las sanciones para pymes y contribuyentes individuales aumentarían más de un 110.000%, incluso por atrasos mínimos en la presentación de declaraciones juradas.
Según la iniciativa, las multas pasarían de montos simbólicos a cifras elevadas: de $200 a $220.000 para personas físicas y de $400 a $440.000 para empresas. Especialistas advirtieron que el esquema no distingue tamaño, capacidad económica ni gravedad del incumplimiento, lo que podría afectar con mayor dureza a las pequeñas y medianas empresas.
Desde el sector tributario señalaron que una pyme puede incurrir en un atraso administrativo de un solo día y quedar expuesta a una sanción desproporcionada, sin margen de gradualidad. El planteo central no apunta a evitar la actualización de los valores, sino a establecer un criterio razonable y progresivo, que no equipare errores formales con maniobras de evasión.
La discusión generó incomodidad incluso entre aliados del oficialismo. En el Senado, varios legisladores reclamaron discriminar las multas según el tipo de contribuyente, para evitar que el régimen termine siendo regresivo y castigue más al eslabón más débil del entramado productivo.
Ante las críticas, el Gobierno admitió que está dispuesto a revisar el esquema de sanciones, pero recién después de aprobar la ley, a través de una norma complementaria. La senadora Patricia Bullrich se comprometió a impulsar una “ley corta” durante las sesiones ordinarias para corregir los montos y adaptarlos a contribuyentes pequeños.
La paradoja que remarcan los especialistas es clara: mientras el proyecto busca dar seguridad jurídica para incentivar la exteriorización de ahorros, endurece de forma inédita el régimen de multas automáticas. Un punto sensible que, aunque el oficialismo promete corregir, hoy sigue siendo uno de los principales focos de tensión en el debate parlamentario.