El Gobierno nacional apuesta a la venta de activos estatales y concesiones como su principal herramienta para afrontar los pagos de intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, organismos multilaterales y bonistas privados. La estrategia busca evitar nuevas emisiones de deuda en los mercados internacionales y consolidar el pago de obligaciones externas.
El presidente Javier Milei confirmó esta orientación, señalando que los pagos se financiarán a partir de la liquidación de activos del Estado, manteniendo el déficit en cero y priorizando el cumplimiento de los compromisos financieros. La opción de un “roll-over” de deuda solo se aplicaría en casos excepcionales, mientras el Ejecutivo continúa explorando otras fuentes de financiamiento.
Un ejemplo reciente de esta política fue la privatización de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue a fines de 2025, que permitió al Tesoro recaudar cerca de US$700 millones destinados al primer pago de intereses a bonistas en enero. Ahora, el Gobierno proyecta ampliar este esquema con nuevas operaciones sobre empresas estatales y concesiones clave.

Entre los procesos planificados se destacan:
Privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la posible venta del 90% de las acciones antes de fin del primer trimestre; el 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Venta de la participación de Energía Argentina S.A. en Citelec, controlante de Transener, que podría generar cerca de US$200 millones, con cierre de ofertas previsto para el 23 de marzo.
Concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales y reprivatización de la Hidrovía.
Privatización de Intercargo, con licitación estimada para mediados de febrero, con un piso de referencia cercano a US$30 millones.
Operación de la segunda etapa de la red vial administrada por Corredores Viales y venta de acciones de Transener.
Con esta serie de iniciativas, el Ejecutivo busca consolidar una política de pago de deuda basada en activos propios, reforzando la prioridad de cumplir con compromisos financieros sin recurrir a nuevas colocaciones de bonos soberanos.
