El Gobierno define el Presupuesto 2025 sin nueva ley aprobada
El Gobierno Nacional oficializó la distribución de recursos para el ejercicio fiscal 2025 mediante la Decisión Administrativa 3/2025, publicada este jueves. Esto se da en el contexto de la prórroga, por segundo año consecutivo, de la Ley N° 27.701, correspondiente al Presupuesto 2023, ya que el Congreso no logró aprobar una nueva normativa en 2024.
Detalles del Presupuesto 2025
El documento establece los recursos y créditos presupuestarios vigentes, siguiendo lo estipulado en el Decreto N° 1131/24. Según el texto, las planillas anexas determinan la asignación detallada de los recursos, manteniendo los lineamientos de la legislación prorrogada.
Entre los principales mecanismos implementados, se destacan:
- Remisión trimestral de información sobre la evolución de las plantas y contrataciones de personal a la Secretaría de Hacienda.
- Certificación y financiamiento de vacantes para cubrir cargos.
- Incorporación, homologación, y reasignación de cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas, aprobados directamente por el presidente.
Además, el artículo 6 establece el ingreso de contribuciones a la Tesorería General de la Nación por parte de las jurisdicciones y entidades incluidas en la normativa prorrogada.
Facultades de modificación
La norma también define las facultades para realizar modificaciones presupuestarias, aunque se limita la posibilidad de afectar la distribución de finalidades o incrementar gastos corrientes en detrimento de los de capital o aplicaciones financieras.
Algunas partidas, como bienes de consumo, servicios no personales, y servicio de la deuda, son consideradas "montos indicativos", lo que permite ajustes según las necesidades emergentes del ejercicio fiscal.
Impacto y críticas
El segundo año consecutivo sin una nueva ley de presupuesto refleja las tensiones políticas en el Congreso, lo que ha generado críticas desde la oposición por la falta de un plan actualizado que responda a las demandas actuales del país. Mientras tanto, el Gobierno asegura que la medida prioriza la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Con la implementación de este esquema, el Ejecutivo busca mantener operativa la administración pública, a la espera de un eventual consenso legislativo que permita aprobar una nueva ley de presupuesto.