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El Gobierno nacional avanzó con una nueva emisión de deuda pública, al oficializar la colocación de instrumentos financieros por un monto que supera los $32 billones y los US$3.500 millones, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, que habilita tanto la emisión de nuevos títulos como la ampliación de colocaciones ya existentes, en línea con la estrategia de financiamiento del Tesoro Nacional.
Nuevos instrumentos colocados
En el marco de la licitación realizada el 11 de diciembre, el Ejecutivo autorizó la colocación de cinco nuevos instrumentos. Entre ellos se destaca una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos, con vencimiento el 17 de abril de 2026, por hasta $8 billones de valor nominal original.
Además, se suman dos letras capitalizables adicionales con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027, cada una por hasta $5 billones, junto con dos instrumentos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) por montos equivalentes, orientados a ofrecer cobertura frente a la inflación.
Ampliación de emisiones vigentes
La resolución también autoriza incrementos en emisiones previas. En ese sentido, la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 se amplía hasta $4,3 billones, mientras que la Letra ajustada por CER al mismo vencimiento alcanza los $5 billones.
Asimismo, la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 se incrementa hasta $4,8 billones, y la Letra vinculada al dólar estadounidense, con vencimiento en abril de 2026, se amplía hasta US$3.555 millones.
Marco legal y objetivos
Según los considerandos de la norma, estas operaciones se inscriben dentro del programa de financiamiento del Tesoro Nacional y cuentan con las autorizaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2025. El texto oficial subraya que las emisiones se encuentran dentro de los límites previstos en la legislación vigente, en particular los establecidos por la ley 27.701 y la ley 24.156.
Los instrumentos ofrecen distintos perfiles de rendimiento, con alternativas que incluyen tasas capitalizables definidas por licitación, ajuste por inflación y cobertura cambiaria, con el objetivo de atraer a distintos perfiles de inversores.
La mirada del mercado
En paralelo, el mercado financiero sigue con atención la estrategia del Gobierno para afrontar los vencimientos de enero, que ascienden a unos US$4.500 millones. Esta preocupación se mantiene pese a que el Tesoro logró captar US$910 millones mediante la colocación del Bonar 29N.
Entre las alternativas que evalúan analistas y operadores se destaca la posibilidad de cerrar un acuerdo de REPO con bancos internacionales, por un monto estimado de entre US$5.000 y US$7.000 millones, opción que fue mencionada por el propio ministro de Economía, Luis Caputo.
Otras herramientas que el equipo económico tendría en análisis incluyen la emisión de un nuevo Bonte 2030, la activación de un nuevo tramo del swap con Estados Unidos y la continuidad de las compras del Tesoro en el mercado oficial de cambios (MULC).
