La compañía IMPSA alcanzó un amplio respaldo de sus acreedores, tras obtener un 86% de adhesiones, que representan el 98% del monto total de deuda computable, a la oferta del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE). El proceso forma parte de la reestructuración de pasivos de la firma, que asciende a 583 millones de dólares.
La jornada decisiva tuvo lugar este martes en la sede de la empresa en Mendoza, bajo la presidencia de la licenciada Ercilia Nofal y con la presencia de la jueza Gloria Cortés. En el encuentro participaron bonistas y obligacionistas, entre ellos acreedores institucionales de relevancia como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest, Export Development Canada y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La aprobación de las mayorías requeridas por la Ley 24.522 permitirá a IMPSA presentar el acuerdo para su homologación judicial en los próximos días. Este paso representa un hito en el proceso de recuperación y abre la puerta al retorno de la empresa a los mercados internacionales, apenas ocho meses después del ingreso del fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC como accionista controlante.

Según el presidente de la compañía, Jorge Salcedo, la reestructuración consolida el relanzamiento de la nueva IMPSA, con el objetivo de posicionar a la empresa como un fabricante clave de grúas portuarias y componentes nucleares para los mercados estadounidense y argentino.
El plan financiero prevé que la compañía comience a pagar capital a partir del décimo año desde la homologación del acuerdo, una medida que, de acuerdo con la conducción, brindará el oxígeno necesario para ordenar las operaciones, fortalecer la estructura y avanzar en la ejecución del nuevo plan de negocios.
La actual gestión, encabezada por Salcedo, junto al vicepresidente Juan Manuel Domínguez y el country manager Pablo Magistocchi, busca reinstalar a IMPSA como un actor estratégico en los sectores de energía nuclear, hidroeléctrica y logística portuaria, con presencia en América Latina, Estados Unidos y Asia.

