PANORAMA
El inicio de 2026 encendió una señal de alerta para las finanzas provinciales. En enero, la coparticipación federal registró una caída real interanual del 7,5%, en un contexto de inflación estimada en torno al 2%, lo que profundizó la presión sobre los presupuestos locales y reactivó el conflicto fiscal con el Gobierno nacional.
El retroceso coincidió con el debate legislativo por los cambios en el impuesto a las Ganancias incluidos en la agenda oficial, una modificación clave debido a que este tributo representa una porción central de la masa coparticipable. La combinación de menor recaudación y discusión tributaria volvió a tensar la relación entre las provincias y la Casa Rosada.
En términos generales, los recursos de origen nacional transferidos a las provincias mostraron una baja real interanual del 6,2% durante enero, con una contracción más profunda en los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos. El principal factor detrás de la caída fue el desplome del IVA, que retrocedió más de 11% en términos reales, reflejando la debilidad del consumo y de la actividad económica.
El comienzo de 2026 se ubicó así entre los peores registros de los últimos años en materia de envíos automáticos a las provincias, aun cuando los montos nominales crecieron. La pérdida de poder adquisitivo de los fondos transferidos terminó neutralizando ese incremento.
La caída fue generalizada en las 24 jurisdicciones. Salta y la provincia de Buenos Aires registraron los descensos más moderados, mientras que Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires encabezaron las bajas. En el caso de la coparticipación estricta, la contracción rondó el 8% real.
Este escenario se da en paralelo al impulso oficial para avanzar con cambios en Ganancias, un impuesto que junto con el IVA explica cerca del 95% de la masa coparticipable, lo que amplifica el impacto fiscal sobre los gobiernos subnacionales. Las estimaciones oficiales y legislativas advierten que la reforma implicaría una fuerte pérdida de recursos para las provincias a lo largo de 2026.
Frente a este panorama, los gobernadores endurecieron su postura y condicionaron su respaldo a la agenda del Ejecutivo a la implementación de mecanismos de compensación. Entre los reclamos más reiterados aparecen la posibilidad de volver a coparticipar el impuesto al cheque y la reactivación de obras públicas nacionales.
Mandatarios provinciales plantearon la necesidad de garantizar el funcionamiento de los Estados locales y la continuidad de los servicios esenciales, mientras que otros espacios políticos reclamaron un debate legislativo más amplio, sin urgencias y con garantías fiscales claras.
A la caída de la coparticipación se sumó además el derrumbe de las transferencias discrecionales, que en enero alcanzaron apenas $39.491 millones y registraron una baja real interanual del 65,4%, uno de los peores niveles de las últimas dos décadas. La concentración de estos fondos en pocos distritos y la alta dependencia de muchas provincias de los recursos nacionales profundizaron la fragilidad del esquema.
Sin ingresos extraordinarios ni tributos no coparticipables que amortigüen el impacto, el inicio de 2026 combinó menor coparticipación, mínimos históricos en transferencias discrecionales y ausencia de compensaciones, un cuadro que explica la creciente resistencia de los gobernadores a avanzar en cambios tributarios sin garantías de financiamiento.
